pablo bustinduy

El Congreso de los Diputados ha convalidado por unanimidad un Real Decreto que moviliza 500 millones de euros para fortalecer el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y desarrollar la Ley ELA. Esta normativa introduce el Grado III+, que proporciona atención personalizada 24 horas a personas con enfermedades neurológicas avanzadas, garantizando una prestación económica de hasta 10.000 euros mensuales, financiada en un 50% por el Estado. La inversión total en dependencia alcanza un récord de 3.729 millones de euros, buscando avanzar hacia un sistema más personalizado y adaptado a las necesidades de los usuarios.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una legislación histórica que protege los derechos de los consumidores en España. Esta ley pone fin a las llamadas spam y a los gastos de gestión ocultos, garantizando una atención al cliente más justa y transparente. Las empresas deberán identificar sus llamadas comerciales y ofrecer precios claros desde el inicio de la transacción. Además, se prohíben las renovaciones automáticas no consentidas y se establecen plazos para atender reclamaciones. La norma también combate las reseñas falsas y promueve la accesibilidad para consumidores vulnerables. Este avance legislativo busca empoderar a los consumidores frente a prácticas abusivas.

El Gobierno de España ha aprobado un decreto ley que destina 500 millones de euros para financiar la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta normativa introduce el Grado III+, un nuevo nivel de dependencia extrema, garantizando atención personalizada de 24 horas y una prestación de hasta 10.000 euros por paciente, financiada en parte por el Estado. Con esta medida, se busca mejorar la calidad de vida de quienes padecen ELA y enfermedades complejas, adaptando el sistema a sus necesidades específicas. La inversión total en Dependencia alcanzará un récord histórico de 3.729 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado las sanciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales a siete empresas por realizar falsas rebajas durante el Black Friday. Estas compañías subieron los precios antes del evento para luego ofrecer descuentos engañosos, violando la normativa sobre precios. Tres de las empresas admitieron sus prácticas, mientras que cuatro presentaron recursos. El tribunal ha rechazado las medidas cautelares solicitadas y ha ordenado a la empresa sancionada depositar un aval de 110.000 euros. Esta decisión refuerza la protección al consumidor ante abusos en promociones comerciales.

El Congreso de los Diputados ha aprobado la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidados, ratificando un Real Decreto que extiende estos permisos a 17 semanas y añade 2 semanas adicionales retribuidas para cuidados. Esta medida beneficiará a cada progenitor con un total de 19 semanas retribuidas y hasta 32 semanas para familias monomarentales. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado que esta normativa sitúa a España entre los países con permisos parentales más amplios de Europa, impactando positivamente en casi un millón de personas en su primer año. El ministro Pablo Bustinduy ha calificado esta aprobación como un paso histórico hacia el reconocimiento de los derechos de las familias en España.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida reafirma el compromiso del ministerio de asegurar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

La reforma garantiza la accesibilidad como derecho fundamental, permite a las personas con discapacidad trabajar mientras reciben prestaciones, y amplía el catálogo de servicios disponibles. Además, se eliminarán incompatibilidades en las ayudas y se reconocerá la teleasistencia como un derecho universal. Esta iniciativa busca transformar el Sistema de Dependencia para adaptarlo a los desafíos actuales y futuros, asegurando una atención más personalizada y eficiente. Se destinarán 783 millones de euros para financiar estos cambios, que incluyen nuevos derechos y medidas para fomentar la inclusión social.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor ha adoptado una resolución histórica que establece medidas multilaterales para mejorar la seguridad de los productos de consumo. Impulsada por España, junto a Brasil, Costa Rica, Perú, Sudáfrica y Suecia, esta resolución busca crear un marco de cooperación internacional que garantice la seguridad en todos los países. El ministro Pablo Bustinduy destacó la importancia de colaborar para proteger a las personas consumidoras a nivel global. La iniciativa responde al crecimiento del comercio digital y las cadenas de suministro globales, subrayando la necesidad de estándares comunes en la protección del consumidor.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que prohíbe la publicidad de vuelos cortos cuando existan alternativas menos contaminantes, así como la promoción de combustibles fósiles y vehículos altamente contaminantes. Esta ley busca proteger a los consumidores y al medio ambiente, regulando prácticas como la 'publicidad del miedo' y combatiendo el greenwashing. Además, se implementarán medidas para fomentar la economía circular y el derecho a reparar productos, limitando la obsolescencia programada. También se prohibirá la reventa de entradas con aumento de precio superior al IPC y se regulará la 'reduflación', garantizando transparencia en precios y cantidades. Este anteproyecto refuerza el compromiso del Gobierno con un consumo responsable y sostenible.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España se une a autoridades de 35 países para combatir el greenwashing en las aerolíneas. Esta iniciativa busca asegurar que las comunicaciones ambientales de estas compañías sean veraces y respaldadas por pruebas científicas. A través de una carta impulsada por la red internacional ICPEN, se insta a las aerolíneas a evitar afirmaciones engañosas sobre su impacto ambiental y a proporcionar información clara sobre sus prácticas sostenibles. La acción destaca la importancia de la transparencia en un sector clave como el transporte aéreo, donde las decisiones de consumo tienen un gran impacto económico y medioambiental.

El Gobierno de España ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de mayo. Esta medida busca impulsar la accesibilidad universal y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La declaración resalta la importancia de reformar el Artículo 49 de la Constitución para fomentar entornos accesibles y promueve políticas que aseguren la autonomía e inclusión social. Además, se destacan iniciativas como el II Plan Nacional de Accesibilidad Universal y reformas legislativas para adaptar los derechos de las personas con discapacidad a los nuevos estándares. Esta acción reafirma el compromiso del Gobierno con la transformación hacia una sociedad más inclusiva.

El Gobierno de España ha aprobado un real decreto que garantiza a todos los niños y niñas el acceso a cinco comidas saludables semanales en los centros escolares. La normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, establece que se ofrecerán frutas, verduras frescas, pescado y legumbres, mientras se eliminan bebidas azucaradas y bollería industrial. Este decreto busca reducir la desigualdad alimentaria y promover hábitos nutricionales saludables entre los estudiantes. Además, se destinarán 200 millones de euros para apoyar a las familias en situación de pobreza infantil. Con esta iniciativa, se pretende asegurar una alimentación nutritiva y sostenible en todos los niveles educativos.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado una nueva regulación que obligará a las empresas a ser transparentes sobre el uso de algoritmos en la personalización de precios y publicidad. Esta medida busca evitar prácticas discriminatorias y garantizar que los parámetros utilizados sean accesibles para los consumidores. Además, se prohibirá la variación automática de precios durante el proceso de compra para prevenir decisiones apresuradas por parte de los usuarios. La regulación se presentará en un contexto donde se busca proteger los derechos digitales de los consumidores, especialmente en situaciones de emergencia.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, ha incoado, a través de la Dirección General de Consumo, expedientes sancionadores a grandes gestoras de pisos turísticos que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para Defensa de Consumidores y Usuarios.