Consumo

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el indicador adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de mayo de 2026, situando su variación anual en el 3,2% a nivel nacional, manteniendo el mismo registro alcanzado en abril. De confirmarse este dato, la inflación interanual consolidaría una fase de estabilización tras las oscilaciones observadas en los meses precedentes, si bien continúa situándose por encima del objetivo de estabilidad de precios del 2% fijado por el Banco Central Europeo para el conjunto de la zona euro, reflejando la persistencia de tensiones inflacionistas en la economía.

Los datos definitivos del Índice de Precios al Consumo (IPC), publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reflejan una moderación parcial de la inflación en abril, tras el repunte registrado el mes anterior.

La directora general de la federación de pescaderías artesanales de España (Fedepesca) reclama la eliminación del IVA del pescado para incentivar su consumo y un cambio en el discurso sobre su precio.

El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a 541 empresas que gestionan más de 50 viviendas cada una, recordándoles la obligatoriedad de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se enmarca dentro del Real Decreto-ley 8/2026 y afecta a contratos que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Según un informe, el 61% del mercado del alquiler en España está en manos de multiarrendadores. La normativa permite a los inquilinos renovar sus contratos por hasta dos años adicionales, manteniendo las condiciones originales.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan más de 100.000 viviendas en España, recordándoles la obligación de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se establece en el Real Decreto-ley 8/2026, que permite a los arrendatarios renovar sus contratos por dos años adicionales si estos vencen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La comunicación busca asegurar el cumplimiento inmediato de estas normativas en el sector del alquiler, garantizando así derechos para los inquilinos en un contexto económico desafiante.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechaza suspender la sanción mientras se resuelve el caso y da oxígeno a Consumo, que acusa a la plataforma de lucrarse con anuncios ilegales.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un proceso de información pública para una nueva normativa que obligará a las grandes superficies comerciales, de 400 metros cuadrados o más, a etiquetar en braille los alimentos con alérgenos y productos peligrosos. Esta medida busca garantizar el derecho de las personas con discapacidad visual a acceder a información clara sobre los productos que consumen, así como la posibilidad de recibir atención personalizada durante su compra. La normativa, que se desarrolló en colaboración con entidades como ONCE y CERMI, se encuentra en fase de consulta hasta el 12 de abril y tiene como objetivo mejorar la accesibilidad y seguridad en el consumo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha anunciado una nueva normativa que prohibirá la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, ampliando esta restricción a los menores de 18 años para aquellas bebidas que contengan más de 32 mg de cafeína por cada 100 ml. Esta medida cuenta con el apoyo del 90% de la población, según un reciente barómetro de la AESAN. Además, se implementará una regulación sobre la publicidad de alimentos no saludables dirigida a niños y adolescentes, en respuesta al creciente problema de obesidad infantil en el país. La iniciativa busca proteger la salud pública y armonizar las legislaciones existentes en diferentes comunidades autónomas.

El 80% de la población española apoya prohibir la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a menores, según un barómetro del Ministerio de Consumo. El estudio revela que el 91% de los encuestados también está a favor de restringir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años. El ministro Pablo Bustinduy anunció que se presentará una propuesta normativa para regular esta publicidad, destacando su efecto nocivo en la salud infantil. La iniciativa busca alinearse con las recomendaciones de organismos sanitarios como la OMS para combatir la obesidad infantil y proteger a los jóvenes de prácticas publicitarias perjudiciales.

Enero finaliza con un descenso mensual de los precios del 0,6%, mayor que la media nacional, donde se redujeron en un 0,4%. La inflación anual es del 2,3%, igual que la nacional.

Canarias fue la comunidad autónoma con mayor crecimiento de precios en diciembre con una variación mensual del 0,7%. El Índice de Precios en Canarias crece un 2,8% durante el pasado año y la Inflación Subyacente, que elimina los elementos más volátiles de la cesta de la compra, lo hace en un 2,5%.

El Ministerio de Consumo ha sancionado a siete grandes empresas, incluyendo Mediamarkt, Carrefour y PC Componentes, con un total de 350.000 euros por prácticas engañosas durante el Black Friday de 2023. Estas compañías fueron multadas por aumentar los precios antes de aplicar descuentos ficticios, lo que infringe la Ley General para la Defensa de los Consumidores. La campaña de vigilancia lanzada por el ministerio busca prevenir fraudes en promociones y garantizar la transparencia en las rebajas. Además, se han impuesto sanciones accesorias de publicidad para advertir a los consumidores sobre estas prácticas desleales.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado la retirada de ultraprocesados en la alimentación infantil en hospitales como parte del 'Plan de aceleración para detener la obesidad'. Este nuevo Real Decreto, que también afectará a las cafeterías y comedores públicos, busca garantizar menús saludables para niños y adolescentes ingresados. La normativa se alinea con iniciativas anteriores para promover dietas equilibradas y limitar alimentos dañinos, respondiendo a preocupaciones sociales y científicas sobre el impacto negativo de los ultraprocesados en la salud pública. La OMS y UNICEF han instado a los gobiernos a implementar políticas más estrictas para proteger el bienestar infantil.