La plataforma Airbnb ha accedido a retirar aproximadamente 65.000 anuncios ilegales de su sitio web, tras la intervención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy. Esta decisión se produce después de que la Justicia respaldara las acciones emprendidas por el ministerio en defensa del cumplimiento de la normativa vigente.
Además de los anuncios eliminados, Consumo ha detectado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio, un requisito establecido por la legislación desde el 1 de julio. Estos nuevos casos son distintos a los previamente notificados a la plataforma.
Compromiso con la legalidad
El ministerio ha afirmado que esta acción reafirma su compromiso con el cumplimiento de la legalidad y la protección del derecho constitucional a la vivienda. "Esto es prioritario frente a los beneficios de las grandes multinacionales", ha subrayado Bustinduy en diversas ocasiones.
Para facilitar el control y seguimiento, Consumo ha elaborado un archivo digital que incluye información relevante sobre los anuncios, como el tipo de vivienda (si se trata de una habitación o un alojamiento completo), así como datos geográficos y detalles sobre los anfitriones.
Acciones futuras
La Unidad de Análisis de Consumo no se detendrá aquí; continuará su labor para identificar y denunciar anuncios potencialmente ilegales en otras plataformas digitales dedicadas al alquiler turístico. Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para regular el sector y garantizar que se respeten los derechos de los ciudadanos.
Con estas medidas, el gobierno busca asegurar que las prácticas comerciales en el ámbito del alquiler turístico cumplan con las normativas establecidas, protegiendo así tanto a inquilinos como a propietarios dentro del marco legal.
Si (
No(
