Justicia

En la última década, la mayoría de los fuegos han sido provocados o por negligencia, pero pocos acaban en condena.

Los agentes del Grupo de Denuncias e Investigación arrestaron también a su expareja por quebrantamiento de condena al incumplir la orden de alejamiento.

Las principales asociaciones de jueces y fiscales que secundaron la huelga del 1 al 3 de julio han acusado al Ministerio de Justicia de manipular la información sobre el seguimiento del paro al no descontarles el sueldo correspondiente a esos días. Denuncian que esta omisión, lejos de ser un descuido, busca minimizar el impacto de la movilización y ocultar su legitimidad.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida reafirma el compromiso del ministerio de asegurar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

El Gobierno de España ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva norma, aprobada por el Consejo de Ministros, busca clasificar información sensible relacionada con la defensa nacional y la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que promueve la transparencia y el derecho a la información. La ley establece plazos claros para la desclasificación automática de documentos y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones más avanzadas de la UE y OTAN, mejorando el acceso ciudadano a documentos oficiales.

CSIF ha alertado sobre los graves problemas que ocasionará la supresión de los equipos de formadores en el ámbito judicial, a partir del 27 de julio. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Justicia, pone en riesgo la capacitación de los trabajadores en el uso de nuevos programas informáticos esenciales para la gestión judicial. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios considera irresponsable esta decisión, especialmente en un momento de transformación del sistema judicial. CSIF exige al Ministerio que refuerce la formación y garantice un servicio público eficiente y moderno.

El Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud del juez Juan Carlos Peinado para investigar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por presuntos delitos de malversación y falso testimonio.

El Gobierno de Canarias otorgó la Medalla al Mérito de la Justicia al Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma por su servicio de orientación jurídica durante la erupción volcánica. La entrega, realizada por la consejera Nieves Lady Barreto, destacó el reconocimiento a los profesionales del derecho.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que establece que el complemento para la reducción de la brecha de género, según el artículo 60 de la Ley General de la Seguridad Social, debe ser otorgado a los hombres en las mismas condiciones que a las mujeres. Esta decisión se basa en la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE, que considera discriminatorio exigir requisitos adicionales a los hombres con hijos para acceder a este complemento. La sentencia responde a un caso específico donde se denegó el complemento a un varón con tres hijos, lo que contraviene principios de igualdad establecidos por la legislación europea.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha declarado su falta de competencia objetiva para juzgar al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, tilda la maniobra de «fraude de ley» y devuelve la causa completa del hermano de Pedro Sánchez a la jueza instructora, Beatriz Biedma.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un nuevo auto en el que ha desestimado el recurso de reposición de Airbnb y ha ordenado la retirada de 5.800 anuncios en la plataforma, según ha adelantado este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el tribunal en este segundo auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas de hasta seis comunidades autónomas.

La asociación asegura que la negativa de la Dirección General de Emergencias con un nuevo informe supone “un desprecio” a la población damnificada, a la que pretende dejar “indefensa”, como ya hiciera el anterior Ejecutivo regional. El recurso contencioso administrativo se presentará en las próximas semanas.