Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado por segunda vez la exigencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que Airbnb retire de su plataforma miles de alojamientos turísticos sin licencia. La decisión judicial confirma la resolución que obligaba a la multinacional a eliminar 34.728 anuncios de pisos turísticos a finales de 2024, según informó este jueves el ministerio en un comunicado.

El Tribunal Supremo ha anunciado la composición de la Sala de siete magistrados que se encargará de juzgar al fiscal general del Estado por el delito de revelación de secretos. Esta sala estará formada por los cinco miembros de la Sala de Admisión, junto con el presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, y la magistrada Ana Ferrer. Este importante proceso judicial destaca en el ámbito nacional y en el sistema de justicia español.

El edificio tiene un precio de licitación de 55 millones de euros y tendrá una superficie útil de 21.000 metros cuadrados, distribuidos en seis plantas.

El litigio promovido por la asociación Tierra Bonita abre por primera vez la vía judicial contra el secreto de una documentación clave que podría esclarecer por qué no se avisó a la población de que el mayor riesgo de erupción había cambiado de lugar ni se la evacuó de forma preventiva.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha respondido este viernes a las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia los jueces. Durante la solemne apertura del año judicial, celebrada en presencia del rey Felipe VI, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y representantes de la judicatura, Perelló ha calificado de «totalmente inoportunas y rechazables» las descalificaciones a la Justicia procedentes de responsables públicos.

Pepa Bueno hizo su esperado regreso a TVE tras 13 años, presentando el Telediario 2 con una entrevista al presidente Pedro Sánchez. En un contexto marcado por el impacto de los incendios estivales y las controversias en su entorno, Sánchez abogó por un pacto de Estado ante la emergencia climática y defendió la labor de su gobierno, a la vez que reflexionó sobre la situación judicial de sus allegados y la necesidad de respeto en el ámbito político.

El acto es un reconocimiento a las víctimas de desapariciones forzadas durante la dictadura para que no caigan en el olvido

Colectivos ciudadanos respaldan a Tierra Bonita en defender el derecho a conocer por qué no se avisó a la población de que el riesgo de erupción había cambiado de lugar y por qué no se la evacuó a tiempo.

Baleares pedirá a la justicia la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta, de los que el archipiélago en principio deberá acoger a 49, una vez el Gobierno dicte la orden el próximo martes.

En la última década, la mayoría de los fuegos han sido provocados o por negligencia, pero pocos acaban en condena.

Los agentes del Grupo de Denuncias e Investigación arrestaron también a su expareja por quebrantamiento de condena al incumplir la orden de alejamiento.

Las principales asociaciones de jueces y fiscales que secundaron la huelga del 1 al 3 de julio han acusado al Ministerio de Justicia de manipular la información sobre el seguimiento del paro al no descontarles el sueldo correspondiente a esos días. Denuncian que esta omisión, lejos de ser un descuido, busca minimizar el impacto de la movilización y ocultar su legitimidad.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida reafirma el compromiso del ministerio de asegurar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

El Gobierno de España ha enviado al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada, que reemplaza la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1968. Esta nueva norma, aprobada por el Consejo de Ministros, busca clasificar información sensible relacionada con la defensa nacional y la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que promueve la transparencia y el derecho a la información. La ley establece plazos claros para la desclasificación automática de documentos y crea la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada. Con esta iniciativa, España se alinea con las legislaciones más avanzadas de la UE y OTAN, mejorando el acceso ciudadano a documentos oficiales.