Vivienda

La entidad atendió en 2024 a un total de 14.929 personas desde las parroquias y a través de sus diferentes proyectos y servicios, entre ellos 2.838 menores de edad.

Carmen Hernández rechaza la “consagración” de la apuesta del Gobierno de CC y el PP por la especulación ya que no se asegura la función social de la residencia.

La institución diocesana advierte que el incremento del coste de la vida y la carestía de la vivienda obligan a priorizar su intervención para garantizar la unidad de las familias canarias, durante la presentación de su Memoria Institucional de 2024 con la presencia del Obispo Monseñor José Mazuelos.

El IPC de mayo de 2025 muestra un descenso de la inflación al 2,0% interanual en España, y al 1,5% en Canarias. La bajada se debe a la normalización de precios energéticos y el fin de estímulos. Sin embargo, algunos sectores como alimentos y vivienda experimentan incrementos, destacando la necesidad de estabilidad económica.

Fernando Clavijo eleva al vicepresidente para Cohesión y Reformas las propuestas del archipiélago en materia de vivienda, conectividad, sector primario, transición energética, turismo y migración.

Entre los jóvenes no emancipados de Santa Cruz de Tenerife consultados, el precio de la vivienda aparece como la principal barrera para independizarse.

Las administraciones locales podrían destinar más fondos a solucionar el problema habitacional de las islas.

Política Territorial presenta a las cámaras de comercio y colegios profesionales la propuesta, que está previsto que entre en el Parlamento en el último trimestre del año.

En mayo, el alquiler en Canarias subió un 2,4% mensual y un 10,6% interanual, alcanzando 15,07 euros/m². Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife también mostraron incrementos significativos. La disponibilidad de arrendamientos está disminuyendo, lo que agrava la dificultad de acceso a vivienda para jóvenes. Se requieren políticas públicas urgentes.

Lamenta que “la política ha dejado de ser una herramienta al servicio del interés general para convertirse en un espacio de confrontación permanente, donde importa más dinamitar al adversario que construir soluciones colectivas”.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros y consejeras de Consumo en las comunidades autónomas a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales. Durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, Bustinduy destacó que el acceso a la vivienda es una preocupación principal para la ciudadanía y que se pueden utilizar competencias de Consumo para proteger este derecho. Se mencionaron acciones recientes contra plataformas como Airbnb por anuncios ilegales y se proporcionó información a gobiernos autonómicos sobre más de 16,000 pisos turísticos detectados en Galicia y Baleares. El ministro también subrayó la necesidad de actuar contra prácticas abusivas en el sector del alquiler.

Reclama que el Gobierno estatal haga cumplir la ley en materia de acogida de menores migrantes y cuestiona la utilidad del encuentro convocado por Pedro Sánchez ante la inacción estructural de muchas comunidades autónomas.

El 1 de julio de 2025 entrará en vigor en España la normativa europea para regular los alquileres de corta duración. Esta medida busca abordar la problemática de la vivienda, estableciendo un registro único que obligará a todas las propiedades destinadas a uso turístico a obtener un código de registro para operar legalmente. El Ministerio de Vivienda ha habilitado el Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital para facilitar este proceso. A partir del 2 de enero de 2025, los propietarios podrán solicitar su número de registro, que deberán exhibir en plataformas de alquiler. Además, se lanzará una campaña informativa para concienciar sobre esta nueva regulación.

Canarias propone modificar la Ley de Régimen Local para limitar el acceso a la vivienda de los no residentes. En una reunión preparatoria de la Conferencia de Presidentes, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, defenderá un Plan Estructural Migratorio y soluciones para la problemática habitacional. El presidente Fernando Clavijo destacó que esta modificación permitirá a los ayuntamientos establecer requisitos para la compra de viviendas por parte de no residentes, con el objetivo de proteger la vivienda social y combatir la especulación inmobiliaria. Además, se abordarán otros temas relevantes como la condonación de deuda y mejoras en movilidad.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, propone modificar la Ley de Régimen Local para que los ayuntamientos regulen el acceso a la vivienda por no residentes. También aboga por un Plan Migratorio Estructural y destaca la importancia de abordar problemas de vivienda y movilidad ante el aumento poblacional en las islas.