La senadora y coordinadora de Vivienda del Partido Popular (PP), Paloma Martín, ha expresado su fuerte crítica hacia la política de vivienda del Gobierno de Sánchez. Según Martín, desde que el actual presidente asumió el cargo en La Moncloa, la okupación ha aumentado un 40%, lo que se traduce en un alarmante promedio de 45 denuncias diarias. “Cuando legislan propagando el desorden, rompen la convivencia”, afirmó durante su intervención.
La senadora también destacó que, además del colapso en la oferta de vivienda y los precios inasequibles, la permisividad del Gobierno con respecto a la okupación y la inquiocupación está generando una “fractura social” y una “desconfianza en el Estado de derecho”. Aseguró que las personas más vulnerables son las que sufren las consecuencias más severas de esta situación, ya que se les priva de viviendas sociales y se castiga a los barrios más desfavorecidos.
Impacto en la cohesión social
Martín advirtió sobre el aumento significativo de la inquiocupación en los últimos años, lo que ha llevado a que una de cada tres viviendas se retire del mercado de alquiler. Los requisitos para acceder a una vivienda se han vuelto inalcanzables: “Los inquiocupas dejan de pagar las rentas sin consecuencia alguna”, subrayó.
La senadora acusó al Gobierno de “pervertir” la legalidad mediante la implementación hace tres años de la Ley de Vivienda y los reales decretos antidesahucios. “Amparan a quienes cometen delitos y desprotegen a quienes sufren”, censuró Martín. Además, responsabilizó al Ejecutivo por socavar la seguridad jurídica: “La actual inoperancia, la dilación procesal y la percepción ciudadana de una justicia ineficaz constituyen una erosión directa del Estado de derecho, empujando peligrosamente a la sociedad hacia la autodefensa”.
Caminos alternativos ante el desamparo
Martín destacó que el uso de vías extrajudiciales se ha convertido en lo habitual, revelando que el 80% de los propietarios ha recuperado sus viviendas mediante pagos a los okupas. Esta situación genera inquietud entre las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, quienes enfrentan riesgos tanto físicos como jurídicos al intervenir en viviendas ocupadas. “Los policías y guardias civiles esperan que sus gobernantes hagan lo correcto, no que propaguen el desorden y debiliten la autoridad”, enfatizó.
Finalmente, recordó que el PP ha propuesto medidas concretas para combatir tanto la okupación como la inquiocupación. Entre estas iniciativas se incluyen el desalojo en 24 horas, declarar nulo el empadronamiento de los okupas, realizar evaluaciones objetivas sobre vulnerabilidad y aumentar los presupuestos destinados a servicios sociales.
Si (
No(
