Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife queremos anunciar que más de 50 colectivos, organizaciones sociales, sindicales, vecinales, estudiantiles, feministas, ecologistas y culturales del archipiélago han mostrado ya su apoyo a la gran manifestación por el derecho a la vivienda que tendrá lugar el próximo 27 de junio a las 11:30 horas en San Cristóbal de La Laguna, con salida desde el Parque Estudiante Javier Fernández Quesada.
Este amplio respaldo refleja que la crisis de vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta la clase trabajadora canaria y requiere una respuesta colectiva a la altura de la emergencia social que vivimos.
La movilización del 27J nace con la voluntad de abrir un nuevo ciclo de lucha por el derecho a la vivienda en Canarias. Frente a quienes han convertido nuestros barrios, pueblos y ciudades en espacios para la especulación y el negocio, queremos construir una respuesta popular capaz de situar las necesidades de la mayoría social en el centro del debate político y social.
La situación habitacional que atravesamos no es fruto de la casualidad ni de circunstancias excepcionales. Es la consecuencia directa de un modelo económico que ha puesto la vivienda al servicio de la rentabilidad privada. Mientras miles de familias trabajadoras destinan una parte cada vez mayor de sus ingresos al alquiler o son expulsadas de sus municipios, fondos de inversión, bancos, grandes inmobiliarias y rentistas continúan acumulando viviendas y beneficios.
Canarias vive una emergencia habitacional que se agrava año tras año. Los precios del alquiler y de la compraventa se han disparado durante la última década, duplicándose en numerosos municipios, mientras los salarios permanecen estancados y las condiciones de vida empeoran. Al mismo tiempo, la propiedad de la vivienda se concentra cada vez más en manos de grandes tenedores y operadores especulativos.
La situación es especialmente preocupante en las principales áreas urbanas del archipiélago. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife registran algunos de los mayores niveles de concentración de propiedad en el mercado del alquiler de todo el Estado, evidenciando que el problema no responde a una supuesta escasez de vivienda, sino a quién controla ese parque residencial y con qué finalidad.
En Canarias, además, la crisis habitacional está estrechamente ligada a la turistificación del territorio. La expansión del alquiler vacacional, el crecimiento de los alquileres temporales, la inversión extranjera y la conversión de la vivienda en un activo financiero han reducido drásticamente la oferta de vivienda habitual. Mientras tanto, más de 211.000 viviendas permanecen vacías en las islas.
Plan de Emergencia Habitacional
Por ello hemos elegido San Cristóbal de La Laguna como escenario de esta movilización. La ciudad se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del proceso de expulsión que sufren las vecinas de sus propios barrios. El aumento continuado de los precios, junto al crecimiento de las viviendas vacacionales, simboliza el modelo que amenaza al conjunto del archipiélago.
La vivienda no puede seguir siendo una mercancía. El problema de Canarias no es la falta de viviendas, sino un modelo que permite que miles de casas permanezcan vacías mientras miles de personas no pueden acceder a una vivienda digna. Por ello, hemos diseñado un Plan de Emergencia Habitacional con 13 medidas urgentes y de aplicación inmediata:
- Declaración inmediata de zonas tensionadas y aplicación efectiva de topes al alquiler.
- Alquileres indefinidos que garanticen estabilidad habitacional y pongan fin a la expulsión sistemática de inquilinas.
- Recuperación de vivienda vacía mediante políticas fiscales contundentes a grandes tenedores (incremento del IBI y penalizaciones), en lugar de incentivos voluntarios, así como la que está en propiedad de bancos o fondos buitre para destinarla a vivienda protegida y/o alquiler asequible. Asimismo, utilizar los mecanismos de expropiación de vivienda mencionados en la Ley de Vivienda canaria de 2003.
- Fin de la compra especulativa de vivienda, con prohibición de adquisición por parte de fondos de inversión, empresas, grandes capitales y personas físicas, sin importar origen.
- Eliminación de campañas institucionales para atraer nómadas digitales, que tensionan el mercado residencial y reducen la oferta de vivienda habitual.
- Control del suelo público: fin de su cesión a intereses privados o turísticos, adecuación de la planificación urbanística a la capacidad de carga del territorio insular y regulación de la implantación de franquicias mediante instrumentos urbanísticos que protejan el comercio de proximidad y la diversidad económica de los barrios.
- Rechazo a los criterios excluyentes en el acceso a vivienda pública, eliminando requisitos económicos o administrativos que expulsan a los sectores más precarizados.
- Recuperación de pisos turísticos y alquileres temporales para su incorporación al uso residencial, incluyendo la paralización de nuevas licencias de Vivienda Vacacional.
- Ampliación y blindaje del parque público de vivienda mediante la incorporación de vivienda de la SAREB y otros activos públicos, evitando su privatización futura.
- Obligación de destinar el 50% de toda nueva construcción o gran rehabilitación a vivienda pública o alquiler asequible.
- Derecho de tanteo y retracto para las administraciones públicas en la compra de edificios.
- Ilegalización de las empresas de desocupación y fin de los desalojos extrajudiciales.
- Suspensión total de los desahucios sin alternativa habitacional garantizada por las administraciones públicas.
Hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad canaria a sumarse a la manifestación del próximo 27 de junio, llenar las calles de La Laguna y demostrar que existe una mayoría social dispuesta a defender el derecho a la vivienda frente a la especulación.
El respaldo de más de 50 colectivos confirma que estamos ante una demanda compartida por amplios sectores de la sociedad canaria. El 27J tenemos la oportunidad de dar un paso histórico para construir un movimiento fuerte, organizado y capaz de disputar el futuro de nuestras ciudades, nuestros barrios y nuestras vidas.
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