Las investigaciones de la UCO sobre las actividades encubiertas encomendadas por el PSOE a la “fontanera” Leire Díez desvelan datos escalofriantes sobre el funcionamiento de las cloacas del poder. En una conversación por whats app de esta hiperactiva conseguidora, que ha salido publicada en la mayoría de medios, el abogado Jacobo Teijelo, profesionalmente vinculado al partido y considerado como persona muy cercana a Santos Cerdán, aseguró a Leire que contaba con una red de 61 periodistas de confianza absoluta.
Teijelo presumía, en varios mensajes incorporados a la causa que se está investigando por el juez Pedraz, de haber remitido documentación y materiales a numerosos informadores con el objetivo de que todos difundieran la versión de los hechos que interesaba al Gobierno. Esa afirmación enlaza con el llamativo fenómeno que los medios de comunicación libres han venido a llamar, desde hace varios años, el “loro parque” o el “equipo de opinión sincronizada”, periodistas de diferentes medios -todos ellos afines o subvencionados por el Gobierno- que reciben y divulgan cada día el argumentario elaborado por los casi 800 asesores que trabajan en el palacio de La Moncloa.
El tema resulta francamente preocupante. Aparte de la infracción deontológica que supone descubrir la sumisión al Gobierno de decenas o centenares de profesionales de la información, que por supuesto ninguna Asociación o Colegio Profesional ha venido nunca a afearles -recuerden que estamos hablando de un Gobierno de izquierdas, pues a la inversa otros gallos cantarían-, toda la corrupción que corroe el entorno del PSOE y la colonización que éste ha hecho de la mayoría de órganos de control (Fiscalía general, Tribunal Constitucional, RTVE, mandos de fuerzas y cuerpos de Seguridad) nunca hubieran sido posibles sin la actitud colaborativa de importantes comunicadores nacionales. El grado de deterioro y polarización de la política y la sociedad españolas y la continuidad de un acosado Sánchez agarrado al poder son, en buena parte, responsabilidad indirecta suya.
El tuitero Pastrana, uno de los opinadores más seguidos en las redes sociales españolas, ha escrito textualmente lo siguiente: “El nivel inaudito de corrupción que se ha alcanzado con este Gobierno jamás habría sido posible sin la colaboración entusiasta de cientos de prostitutas mediáticas. Todos ellos deben ser condenados a ganarse la vida de forma honrada, si es que saben, cuando caiga la mafia”. Y yo iría un poco más allá. Todos esos lacayos deberían ser públicamente conocidos, y luego suspendidos de su profesión o de su adscripción a una Asociación profesional para que el público sepa con quiénes nunca podrá informarse en cuestiones políticas de una forma objetiva. Deberían quedar todos etiquetados públicamente como activistas políticos y no como periodistas.
Importantes comunicadores españoles han pedido que se dé a conocer la lista completa de los lacayos a sueldo del poder. Ya conocemos a los primeros confirmados: Chema Garrido, José Manuel Romero, Ángela Poves, y Mateo Bolín. Muchos de ellos, junto con otros paniaguados de los medios y de la farándula, firmaron un manifiesto a favor de Pedro Sánchez abominando curiosamente de los bulos, el fango y la desinformación -cree el ladrón que todos son de su condición- cuando los famosos cinco días de reflexión que siguieron a la imputación de Begoña Gómez.
En mi opinión, dar a conocer el listado completo es un acto necesario de transparencia. Contrariamente a lo que piensan algunos, a los buenos profesionales de cualquier oficio les beneficia que se señale y sancione a los malos. Esconder miserias debajo de la alfombra perjudica el buen nombre de toda profesión. Así quedarán señaladas nuestras ilustres “prostitutas mediáticas”, bastantes más numerosas de lo que la gente cree.
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