Familias y administración constituyen una mesa de trabajo con carácter bimensual

Una representación de la Confederación de Federaciones de Ampas de Canarias (Confapa Canarias) se ha reunido este miércoles con el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez Nuez, para abordar las principales preocupaciones y reivindicaciones de las familias con respecto al sistema educativo en las Islas.

La atención al alumnado NEAE, los comedores escolares, la renovación de instalaciones, la conciliación de la vida familiar y escolar y el copago educativo son algunos de los asuntos abordados en la reunión de hoy que tendrá continuidad a través una Mesa de Trabajo con las familias que se reunirá con carácter bimensual.

A la reunión asistieron la vicepresidenta y el secretario de ConfapaCanarias, Grimi González y Sergio de la Fe, respectivamente, acompañados por miembros de las juntas directivas de las federaciones de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Por parte de la Consejería también asistieron la directora general de Administración de centros, Escolarización y Servicios Complementarios, Carolina León Martínez, y el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos González.

La participación democrática y efectiva de las familias en el sistema educativo ha ocupado gran parte de la reunión. La comitiva reclamó una modificación del reglamento del Consejo Escolar de Canarias para que la representación de las familias tenga un carácter territorial por Islas. “Somos un territorio fragmentado y diverso. La realidad de la educación es distinta en cada isla y es justo que, al igual que ocurre en la constitución del propio Parlamento, las federaciones de ampas puedan representar territorialmente a sus familias asociadas”, dijo Grimi González.

Sergio de la Fe recordó que se trata de una iniciativa que llevan defendiendo varios años en el seno del propio Consejo Escolar, con el apoyo de representantes políticos y los propios cabildos insulares, por lo que han pedido a la Consejería que impulse la modificación del Decreto 36/2003, de 24 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Escolar de Canarias.

También han solicitado a la Consejería que se articule una campaña informativa sobre la participación en los Consejos Escolares de cada colegio e instituto, coincidiendo con que en el mes de octubre se abre el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno de los centros educativos.

Copago Educativo

Las familias han vuelto a denunciar los casos de copago educativo en los centros públicos, ya bien sea a través de cantidades en efectivo que reclaman los centros en concepto de matricula o reprografía, o a través de la aportación de materiales por parte de las familias. “A nadie le queda duda de que las fotocopias, los folios, las servilletas, el jabón o el papel higiénico son elementos inherentes a la actividad educativa y deben ser sufragados con cargo a los fondos para funcionamiento que reciben los centros educativos. No es de recibo que se pida dinero a las familias para matricular a sus hijos e hijas en centros públicos y en educación obligatoria. Hay que erradicar estas prácticas de los colegios”, dijo Grimi González.

El consejero de Educación, Poli Suárez, se comprometió a emitir una nueva circular a los equipos directivos para que se cumpla la normativa que garantiza una educación pública y gratuita. Aunque en septiembre de 2022, el inspector general de Educación, Felipe Alberto Cordero Lorenzo, remitió un oficio a los directores y las directoras recordando que no se pueden pedir aportaciones a las familias, los centros han continuado exigiendo diversas cuantías que justifican en la necesidad de adquirir equipamiento deportivo, materiales didácticos o incluso por la participación en programas de innovación de la propia Consejería.

“La LOMLOE es muy clara al respecto. En su artículo 120 apartado 4 recoge expresamente que Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de

organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas y dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la laboral, sin que, en ningún caso, suponga discriminación de ningún tipo, ni se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas”, añadió González.

Tanto los representantes de las familias como los de la administración estuvieron de acuerdo en que es imprescindible alcanzar, y superar, la inversión del 5% del PIB en Educación, tal y como marca la Ley Canaria de Educación. Las familias trasladarán esta necesidad al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de cara a la elaboración de los presupuestos del próximo año. “Han pasado diez años desde que se aprobó la Ley Canaria de Educación, y aún no se ha cumplido el mandato. Es crucial aumentar la inversión para garantizar una educación inclusiva y de calidad para todos y todas”, añadió la vicepresidenta de ConfapaCanarias.