Los rectores de las universidades públicas de Canarias y Andalucía se han reunido recientemente en la Universidad de Sevilla, donde han emitido un manifiesto que alerta sobre la “proliferación desmedida” de centros privados en ambas comunidades autónomas. Este encuentro, el segundo desde que comenzaron a colaborar, busca abordar los retos futuros y establecer compromisos comunes.
El documento resalta el compromiso de colaboración estratégica entre las instituciones educativas para fomentar políticas que beneficien a sus comunidades universitarias y mejoren su función social. En este contexto, las universidades firmantes han acordado varios puntos clave.
Preocupaciones sobre la calidad educativa
En primer lugar, expresan su creciente inquietud ante la aparición de universidades privadas de dudosa calidad, con un total de seis y cinco campus autorizados en Canarias y Andalucía, respectivamente. Por ello, instan a los gobiernos autonómicos y estatal a garantizar que estos nuevos centros cumplan con los requisitos mínimos necesarios para ser considerados universidades, asegurando así una educación superior adecuada en términos de enseñanza, investigación y transferencia del conocimiento.
Asimismo, solicitan que la autorización de nuevos títulos se realice bajo criterios estratégicos que prioricen el interés general sobre el lucro privado. Esta demanda refleja una necesidad urgente de regular el sector educativo privado para proteger la calidad académica.
Financiación y autonomía universitaria
En relación con la financiación, los rectores subrayan que ambos sistemas universitarios están infrafinanciados respecto al mínimo establecido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que fija en el 1% del PIB el umbral de inversión pública en educación superior. Exigen un marco de financiación plurianual que defina claramente cómo se cumplirá con esta normativa.
Además, advierten sobre la amenaza a la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española por iniciativas legislativas recientes, como la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. Estas leyes podrían socavar la legitimidad democrática de los órganos colegiados universitarios e introducir injerencias políticas en su funcionamiento cotidiano.
Llamado a aumentar la inversión en ciencia
Por último, los rectores hacen un llamado a los gobiernos autonómicos y estatal para impulsar una mayor inversión en ciencia y tecnología, considerados motores esenciales para el desarrollo económico y social. Solicitan incrementar los recursos destinados a investigación y desarrollo (I+D+i) para alinearse con la media europea en inversión científica.
La reunión concluyó con un firme compromiso por parte de los rectores para seguir trabajando juntos por una educación superior más robusta y equitativa.
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