La CRUE expresa su inquietud sobre la Ley de Consejos Sociales en Canarias
La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha enviado una carta a la consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, en la que manifiesta el malestar y la preocupación de la asociación que lidera. Fundada en 1994, la CRUE agrupa actualmente a un total de 77 universidades españolas, y su mensaje se centra en el borrador de ley relativo a los consejos sociales que está siendo tramitado por el Parlamento canario.
Alcón sostiene que esta propuesta legislativa redefine la función legal de los consejos sociales, lo cual podría “menoscabar gravemente la autonomía universitaria”. La presidenta argumenta que el texto “desnaturaliza” el papel del Consejo Social como un instrumento de participación y representación social dentro de las universidades, convirtiéndolo prácticamente en un órgano paralelo al Consejo de Gobierno universitario.
Preocupaciones sobre competencias y autonomía
En su misiva, Alcón también dirigió sus preocupaciones a los rectores de las dos universidades públicas canarias, Francisco García y Lluís Serra. Entre los puntos críticos señalados se encuentra la facultad otorgada a los consejos sociales para firmar acuerdos y convenios con entidades tanto públicas como privadas. Estos acuerdos podrían abarcar áreas como el desarrollo de programas de empleabilidad, formación dual y transferencia de conocimiento.
Además, considera problemática la posibilidad de que el Consejo Social actúe como su propio órgano de contratación, dado que no es una administración pública distinta a la universidad. Esta situación podría generar confusiones respecto a las funciones y responsabilidades asignadas.
Cambios normativos cuestionables
Particularmente alarmante es el artículo 14.3 del borrador, que establece que “la Intervención o unidad responsable del control interno económico-financiero dependerá del Consejo Social”. Según Alcón, este enfoque contradice lo estipulado en el artículo 59.3 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece que las universidades deben contar con un régimen de control interno autónomo e independiente.
Alcón concluye su carta advirtiendo que estos cambios legislativos podrían tener consecuencias negativas para el sistema universitario, afectando claramente su autonomía. Por ello, insta al Gobierno regional a reflexionar sobre estos aspectos y se ofrece para proporcionar cualquier aclaración necesaria.
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