Preocupación en Bruselas
El Partido Popular (PP) ha decidido llevar al Parlamento Europeo la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitida por el Tribunal Supremo. Esta acción se justifica por la gravedad institucional que implica el caso y el riesgo que representa para la separación de poderes en España.
La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, enfatizó que esta condena es “uno de los episodios más graves que ha afrontado nuestra democracia desde el punto de vista institucional”. Montserrat argumentó que “la sentencia confirma que quien debía ser garante último de la legalidad utilizó su posición para fines políticos, vulnerando principios esenciales del Estado de derecho”.
Críticas al Gobierno
Montserrat también advirtió que no se trata de un incidente aislado, sino de una “quiebra deliberada” de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal. En este sentido, añadió que “lo verdaderamente alarmante es que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo no actuó para preservar la integridad institucional, sino que mantuvo y amparó al fiscal general hasta el final, incluso cuando ya existían indicios sólidos de su conducta irregular”.
Por su parte, el secretario de libertades del PP, Adrián Vázquez, subrayó que la condena del fiscal general “es la confirmación judicial de que la persona encargada de garantizar la legalidad, delinquió por razones políticas rompiendo la separación de poderes”. Sin embargo, Vázquez también expresó su preocupación por la reacción del gobierno ante esta situación.
Erosión institucional
Vázquez indicó que el respaldo explícito del Gobierno no se alinea con los valores democráticos esperados en una democracia madura como la española. “Están atacando una sentencia que todavía no han podido leer e intentando deslegitimar a un Tribunal Supremo que también ampara sus derechos”, afirmó. Para él, esta actitud evidencia un deterioro institucional que Europa no puede pasar por alto.
El dirigente popular destacó que este caso trasciende lo político y tiene un impacto directo en el funcionamiento democrático: “la separación de poderes es la piedra angular del Estado de derecho español y europeo. Cuando un fiscal general es condenado por el Tribunal Supremo y el Gobierno responde cuestionando el fallo mientras sigue defendiendo su inocencia, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de la Fiscalía, sino también la confianza ciudadana en las instituciones”.
Llamado a Europa
Como ha venido denunciando el PP, es fundamental que la Unión Europea actúe cuando un Estado miembro muestra señales de ruptura en la separación de poderes y vulneración de la independencia judicial. Ante esta coyuntura, la delegación del PP llevará al Parlamento Europeo la condena al fiscal general del Estado para resaltar la erosión del Estado de derecho en España.
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