fiscal general

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha acusado al Gobierno de atacar la independencia judicial al seguir defendiendo al fiscal general condenado. Durante un debate en el Pleno, el diputado Javier Noriega criticó que el presidente del Gobierno anticipó la inocencia del fiscal para presionar al poder judicial y continuó haciéndolo tras la condena. Noriega exigió que se ponga fin a lo que considera un ataque sin precedentes al poder judicial y que se defienda a los jueces y fiscales. También denunció que el Gobierno de Sánchez ha debilitado las instituciones y atacado la Constitución, convirtiendo RTVE en una herramienta de propaganda costosa.

El Partido Popular español llevará al Parlamento Europeo la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictada por el Tribunal Supremo. Esta acción se considera un hecho de máxima gravedad institucional y un riesgo para la separación de poderes en España. La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo, Dolors Montserrat, destacó que la condena revela una quiebra deliberada de las funciones del Ministerio Fiscal y criticó la falta de acción del Gobierno de Pedro Sánchez. El PP argumenta que la situación afecta directamente a la confianza ciudadana en las instituciones y pide a la Unión Europea que actúe ante esta erosión del Estado de derecho.

El Tribunal Supremo ha condenado a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos en relación a la presunta filtración de un correo relacionado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado Ángel Hurtado ha decidido procesar al fiscal general Álvaro García Ortiz y a la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, por presunta revelación de secretos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo como investigado por una presunta revelación de secretos, relacionada con la supuesta filtración de correos electrónicos que implicarían a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en posibles delitos fiscales.