Érase un lugar tan triste y polarizado que quienes debían hablar siempre callaban y quienes más tenían que callar largaban como deslenguados. Uno de éstos últimos era un personaje de fábula, veterano justiciero popular demasiado bien tratado para sus méritos personales y profesionales, al que los medios encumbraron y sus superiores nunca se atrevieron a sancionar pese a surfear habitualmente las leyes como un tablista de Nazaré.
En la fábula, nuestro justiciero utilizaba la prensa y su cacareado progresismo para camuflar defectos de sus instrucciones judiciales. Nunca pareció importarle el estricto cumplimiento de la Ley, sino lo goloso y mediático del objetivo a conseguir. Y descubrió que, vistiendo el cálido manto de la popularidad, podía hacer su trabajo como le viniera en gana.
Esta fábula la comenzó a desgranar un ingeniero de FCC, Miguel Ángel Rodríguez, titulándola “Qué fue del caso Palma Arena”. Allí describía a alguien poco respetuoso de la competencia judicial y del turno de reparto, a quien poco parecían importar los principios constitucionales de tutela judicial efectiva y derecho al juez predeterminado por la Ley. Alguien que evitaba imputar a sospechosos aforados para impedir que su sumario más mediático le fuera arrebatado por un Tribunal superior. Y alguien que, en unión de peritos poco escrupulosos, celebraba reuniones y realizaba pesquisas tiempo antes de presentarse las querellas, sin haberse podido conocer -él sí parecía saberlo- a qué Juzgado iban a corresponder “por sorteo”.
La fábula continuaba narrando que, de 28 piezas separadas además de la causa principal que llegó a abrir en su caso más famoso -el cual le convirtió en un personaje nacional- 20 no tenían conexión alguna con el asunto que fundamentaba la investigación. Lo que debería calificarse, sin ambages, como una instrucción desastrosa. Pero el justiciero de la fábula pareció continuar impertérrito, deteniendo a miembros del mismo partido político y realizando acusaciones prospectivas (“ya demostraremos que usted se ha apropiado de 13 millones de euros” le dijo al fabulador Rodríguez tras tres días detenido; aunque luego, después de 5 años de mediática imputación, tuvo que archivar la acusación), no destinadas a averiguar la verdad sino a culpabilizar a ciertas personas (forzando informes, testimonios y sus interpretaciones), e incluso auténticas causas generales (investigando todo lo que afectaba a alguien para justificar su acusación, sin relación alguna con el caso original), todas ellas manifiestamente prohibidas por la Ley. Los métodos descritos en esta fábula de terror fueron clara precuela de lo que luego sucedió -en la dura vida real- con Penalva y Subirán.
Cuenta también la fábula que el justiciero comentaba su republicanismo militante y su desprecio por una “bestia negra” particular, a quien logró que la Audiencia condenara, aunque el Tribunal Supremo le absolvió de casi todos sus delitos. Y, para rematar su trayectoria profesional, a la que había llegado siendo carcelero, se presentó a unas elecciones generales en las listas de “Més-Sumar”, en un final que retrataba fielmente su conocido sectarismo.
La fábula prosigue estando ya retirado, cuando aprovecha la coyuntura corrupta que agobia al Gobierno nacional para convertirse en estrella mediática, haciendo méritos en defensa del relato izquierdista como el prevaricador Baltasar Garzón, dos lenguaraces patas del banco más carcomido de nuestra Justicia.
El último episodio conocido de esta fábula acaeció en un programa televisivo. Allí, el justiciero firmó su penúltima sentencia: “Hay jueces que hacen política”. Aunque la historia esté aún inconclusa, resultó imposible contener la risa. Menos mal que incoherencias semejantes no suceden en la vida real. Solo en la febril imaginación de narradores populares que combinan la tragedia con la comedia.
P.D: Cuenta un capítulo de la fábula que el propio justiciero mandó a un gobernante a un jurado popular, que le condenó, porque un hotelero contrató a su mujer por 3000 euros al mes. Ahora despotrica de un colega que ha hecho lo mismo con la esposa de otro, a la que contrataron por sumas muy superiores decenas de empresas, incluso públicas.
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No(
