Las comunidades autónomas de Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares han unido fuerzas para solicitar al Estado una revisión de las competencias transferidas en la gestión del litoral. Esta decisión fue tomada durante una reunión celebrada en la sede de la Dirección General de Costas en Cataluña, donde los representantes de estas regiones expresaron su preocupación por el reciente decreto aprobado que afecta a País Vasco y Galicia.
Los cuatro territorios consideran que este nuevo marco normativo crea disparidades en la gestión del dominio público marítimo-terrestre dentro del mismo país. El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, destacó la urgencia de modificar el decreto actual para evitar que su comunidad quede en desventaja frente a otras.
Demandas conjuntas por un tratamiento equitativo
Durante el encuentro, Acosta hizo hincapié en que “es necesario un cambio inmediato de nuestro decreto de transferencia para no posicionar a nuestra comunidad autónoma en desventaja ante otras”. Las comunidades afectadas comparten la visión de que los traspasos recientes deben ser equiparados para garantizar un tratamiento justo y equitativo entre todas las autonomías.
El proceso para llevar a cabo esta revisión se canalizará a través del Ministerio de Presidencia, en el contexto de la Comisión Bilateral correspondiente a cada comunidad. Aunque las cuatro regiones consideran que este ajuste debería ser inmediato, aún se encuentran a la espera de una respuesta por parte del gobierno central.
Un llamado al diálogo con el Estado
Acosta también subrayó la importancia del diálogo y el entendimiento con el Estado: “Creemos en el diálogo y el entendimiento con el Estado, pero este debe ser bidireccional”, afirmó. Los representantes autonómicos esperan una reacción pronta por parte del Ministerio de Política Territorial para avanzar en este asunto crucial.
La situación actual plantea un desafío significativo para estas comunidades, que buscan asegurar una gestión uniforme y justa del litoral español. La colaboración entre ellas podría marcar un precedente importante en la lucha por una mayor autonomía y equidad en la administración pública.
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