La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha señalado que existe una "hipertrofia administrativa" en la regulación del alquiler de vivienda de corta duración, tras la anulación por el Tribunal Supremo de un Real Decreto que imponía duplicidad de registros y generaba inseguridad jurídica. Este decreto, que obligaba a los propietarios a inscribir sus arrendamientos en el Registro de la Propiedad, causó pérdidas significativas al sector, estimadas en 500 millones de euros. Los expertos abogan por una nueva regulación que simplifique los trámites y evite cargas innecesarias para los arrendadores, quienes enfrentan un contexto donde alquilar es más rentable que vender. La falta de oferta de vivienda nueva agrava la situación actual del mercado inmobiliario.
Una nueva regulación del alquiler de vivienda de corta duración es necesaria tras la anulación del Real Decreto 1312/2024 por parte del Tribunal Supremo. Este decreto, que había sido criticado por su complejidad y duplicidad en los registros de alojamientos turísticos, generó una serie de trámites innecesarios que afectaron a miles de propietarios.
El Consejo de Estado había advertido sobre la inseguridad jurídica que provocaba la inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad para arrendamientos de corta duración. A pesar de ello, el Colegio de Registradores emitió 400.000 números de registro, recaudando cerca de veinte millones de euros en tasas que ahora no deberían haberse pagado. La patronal FEVITUR estima que las pérdidas sufridas por los propietarios alcanzan los quinientos millones de euros debido a este decreto.
Durante una jornada organizada por la Fundación Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado, destacó que la legislación actual sobre alquileres turísticos es “compleja y diseminada”. Señaló que existe una hipertrofia administrativa que complica aún más el panorama legal. El Real Decreto anulado se justificó con argumentos cuestionables, como la aplicación del Reglamento UE 2024/1028, que no requería un registro único.
El catedrático Juan Ramón Fernández Torres advirtió sobre la necesidad de incorporar las recomendaciones del Consejo de Estado en cualquier futura normativa. Enfatizó que debe evitarse el exceso regulatorio y simplificarse los procedimientos para facilitar el acceso al mercado de alquileres.
En un panel posterior, Diego Córdoba, magistrado del Tribunal Supremo, explicó que la nulidad del Real Decreto se debió a la falta de competencias estatales y a la vulneración del reglamento comunitario. La duplicidad en los registros llevó a confusiones legales y a un aumento en los recursos judiciales.
Por su parte, Javier Valentín, abogado y representante de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, criticó al Gobierno por haber aprobado esta norma sin atender las advertencias del Consejo de Estado. Resaltó cómo los registradores se convirtieron en una autoridad reguladora en este ámbito, lo cual ha generado más problemas para los propietarios.
Lorenzo Prats, catedrático de Derecho Civil, subrayó que actualmente es más rentable alquilar que vender propiedades. Además, enfatizó que el verdadero problema radica en la falta de oferta habitacional. Según datos recientes del Banco de España, se requieren 750.000 viviendas adicionales para satisfacer la demanda.
Silvia Blasco, presidenta de FEVITUR/APTURCV, concluyó señalando el impacto negativo que ha tenido esta situación en el sector turístico y cómo España ha distorsionado las normativas europeas existentes. Con un vacío legal actual tras la anulación del decreto, queda por ver cómo se abordará esta problemática en el futuro.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 400,000 | Números de registro de alojamientos turísticos emitidos por el Colegio de Registradores. |
| 20,000,000 € | Tasas percibidas por los registros durante la vigencia del Real Decreto anulado. |
| 500,000,000 € | Pérdidas estimadas para los propietarios debido al Real Decreto hasta su anulación. |
| 750,000 | Viviendas adicionales necesarias según el Banco de España. |