Alquiler

Canarias contra los especuladores: alquileres indefinidos e impuestos a grandes propietarios para recuperar vivienda vacía, entre las principales reivindicaciones.

Franquis denuncia que el Gobierno canario protege “intereses privados” frente al derecho a la vivienda y reclama la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.

Un estudio de Fedea revela que la Ley de Vivienda ha moderado precios de alquiler en Cataluña, pero ha reducido la oferta un 22,2 por ciento en Barcelona, aumentando la competencia por vivienda. Esto dificulta el acceso a nuevos inquilinos.

Carmen Hernández recupera su plan para garantizar a la juventud el acceso a una vivienda digna a precios asequibles rechazado por CC, el PP, la ASG y la AHI.

El informe del Ministerio de Consumo revela que en España disminuye el número de hogares propietarios (22%) mientras aumentan los grandes tenedores. La propiedad se concentra, aumentando la desigualdad patrimonial: más hogares sin propiedades y menos con una sola. Esto refuerza la dualización social y excluye a muchos del acceso a la vivienda.

El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado una carta a 541 empresas que gestionan más de 50 viviendas cada una, recordándoles la obligatoriedad de aceptar la prórroga de los contratos de alquiler solicitada por los inquilinos. Esta medida se enmarca dentro del Real Decreto-ley 8/2026 y afecta a contratos que expiren entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Según un informe, el 61% del mercado del alquiler en España está en manos de multiarrendadores. La normativa permite a los inquilinos renovar sus contratos por hasta dos años adicionales, manteniendo las condiciones originales.

Un informe del Ministerio de Consumo y el CSIC revela que el 61% del mercado del alquiler en España está controlado por multiarrendadores, incluyendo empresas y fondos, mientras que los pequeños caseros con una sola vivienda representan solo el 39%. En las grandes ciudades, la proporción de multiarrendadores es aún mayor, alcanzando hasta el 65% en Las Palmas. En la última década, los multiarrendadores han incrementado su parque de viviendas alquiladas un 39,9%, superando el crecimiento de los pequeños caseros. Este cambio en la dinámica del mercado de alquiler destaca la creciente influencia de los arrendadores con múltiples propiedades en las principales áreas urbanas.

La explotación del servicio de comida y bebidas, así como el alquiler de hamacas, sombrillas y camas balinesas, y que tendrá una duración de tres años y ocho meses.

Las reclamaciones ciudadanas reflejan graves dificultades de acceso a la vivienda y situaciones de vulnerabilidad habitacional.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha admitido este miércoles que habría aplicado el artículo 155 de la Constitución a las comunidades autónomas que no están aplicando la Ley de Vivienda —como la Comunidad de Madrid— si hubiera contado con mayoría suficiente en el Senado.

Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, obligatorio desde el pasado mes de julio, y no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y fundadora de Sumar, Yolanda Díaz, ha cargado este miércoles contra el PSOE por su propuesta de conceder incentivos fiscales a los propietarios que mantengan los precios del alquiler, al considerar que “regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda”. Díaz ha acusado además a los socialistas de “descuidar” la coalición de gobierno al presentar estas medidas “de manera unilateral”, sin negociación previa con su socio.

El Gobierno de España aprobará un real decreto-ley con incentivos fiscales a propietarios, mayor regulación contra el fraude en alquileres de corta duración y normas más estrictas para combatir el auge de los alquileres por habitaciones que considera “abusivos”.

La Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios de España (Apei) pide facilidades para que los propietarios de viviendas «paradas» las puedan poner en alquiler con seguridad jurídica según su presidente Óscar Martínez.