Las conclusiones no pueden ser más contundentes:
El Gobierno de Canarias ha fundamentado una Ley de exterminio de la vivienda vacacional en 46 páginas de exposición de motivos, a sabiendas, que no se corresponde con la realidad y que son demostrables con datos del ISTAC, INE y Registro Autonómico.
El dato más significativo que toda la sociedad canaria debe saber es, que a pesar de que se han expulsado a miles de familias del negocio turístico, la situación del mercado de viviendas en alquiler residencial no ha cambiado, ni va a cambiar en lo más mínimo. Es más, a pesar de la sangría de VV, los alquileres residenciales siguen subiendo de precio. Los datos así lo avalan.
Se ha decidido acabar a toda costa con un sector alojativo que representa un complemento de renta a miles de familias en Canarias, que pagan impuestos en Canarias y que aportan un valor económico transversal a muchos sectores en nuestro destino.
Pero, lo más insólito, no son sólo las evidencias del informe, sino la evolución de la Ley anti VV desde diciembre de 2025 hasta la actualidad:
Todos fuimos testigos de lo acaecido en la sesión parlamentaria en la que se votó la Ley con dificultades. Salió adelante, sólo por el compromiso de enmendarse, el cual sigue incumplido a fecha de hoy, dejando a los propietarios en una insufrible inseguridad jurídica, incomprensible e injustificada.
La proliferación de enmiendas no ha parado desde entonces, pero, la única que podría salvar a miles de familias es, la que ha articulado ASG, desmarcándose del Grupo de Gobierno, defendiendo la inocuidad de la actividad clasificada como una enmienda transaccional a la que se han sumado PSOE y NC y que apoya VOX.
Dicha enmienda, la 92, fue aprobada, por mayoría, en comisión parlamentaria el pasado 9 de julio. Así, consta en el Dictamen.
En una operación sorpresa de ingeniería política, nunca antes vista en el Parlamento de Canarias, desde la instauración de la democracia, ahora Coalición Canaria se retrata públicamente y presenta, el pasado 13 de julio, un escrito anunciando el voto particular, sin haberlo anunciado debidamente en el debate del Dictamen de la Comisión, además fuera de plazo, para tumbar la enmienda ya aprobada legalmente. Es más, se presenta sin motivación ni razonamiento alguno, ni formal, legal o material del por qué se emite dicho voto, tal y como exige la propia norma del Parlamento regional. Igualmente, se comete un defecto de forma, presentando dicho escrito a la Mesa de la Cámara, obviando el reglamento parlamentario y no al órgano competente, que es la Presidencia de la Cámara.
Sin motivación evidente, la Mesa no puede decidir sobre un voto particular totalmente arbitrario.
Pero, más sorprendente aún es, lo que ha acontecido con posterioridad en la Mesa, en la que no solo se le dio trámite al voto particular, sino que se subsanó y desde la propia presidencia se decidió sobre el mismo. Es decir, el órgano que no es competente, es el mismo, que subsanó el escrito y lo resolvió, siendo, juez y parte a la vez. Lo más grave es, que específicamente en este proceso, no se ha contado con aval jurídico alguno, por lo que, presuntamente, se está rozado la prevaricación.
Está claro que hasta la fecha era el PP el que defendía a capa y espada su Ley anti VV, de espaldas a la única asociación que defiende el sector y en contra de múltiples informes que avalaban la hecatombe que se está sufriendo hoy. Pero hoy ya ha quedado evidenciada la participación activa de Coalición Canaria, contra miles de familias con el respaldo de AHI. Parece que, no hay límites para acabar con el sector de la vivienda vacacional, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.
Mientras ASCAV lleva 2 años insistiendo en que el Gobierno debe poner el foco en la vivienda vacía, dándole seguridad jurídica a los propietarios de esas viviendas, el Gobierno sigue enrocado en ensañarse con la vivienda vacacional, que no está teniendo incidencia alguna. Hasta el punto, que la propia Consejería de Turismo admitió hace meses en un medio de comunicación, que NUNCA había sido objeto de la Ley de VV, solucionar el problema de la vivienda residencial.
En cambio, se están derrochando millones en medidas que no van a tener ninguna repercusión social.
Queda esperar la reacción de los partidos ASG, PSOE y NC con relación a las acciones que emprenderán ante un atropello de una magnitud sin precedentes.
Si (
No(
