El Consejo de Gobierno ha dado un paso importante al aprobar el Proyecto de Decreto que regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida en Canarias. Esta iniciativa, presentada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, busca establecer un nuevo sistema de adjudicación que sustituye el tradicional sorteo por un modelo basado en criterios objetivos de baremación.
Con esta normativa, se exige a los solicitantes acreditar un mínimo de 10 años de residencia en las islas, o 15 años si su residencia ha sido discontinua, para poder acceder a una vivienda protegida de promoción pública. Este enfoque refuerza la transparencia y la equidad, priorizando a aquellos con mayores necesidades habitacionales.
Nuevos criterios para el acceso a la vivienda
El nuevo decreto establece un marco uniforme para la gestión del registro, que será obligatorio para todos los demandantes en el Archipiélago. A diferencia del modelo anterior, donde predominaba el sorteo ante una alta demanda, ahora se implementa un procedimiento que prioriza el acceso a las viviendas según la situación social y económica de los solicitantes.
Este cambio tiene como objetivo atender especialmente a las unidades familiares que enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda digna. Además, se refuerzan los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elementos clave para ser beneficiario de una vivienda pública.
Aumento en la reserva para colectivos específicos
El proyecto también introduce un significativo impulso social al revisar al alza los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos. Por ejemplo, la reserva para personas jóvenes aumenta del 5 % al 20 % , mientras que la correspondiente a personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 % . Asimismo, se incrementa la cuota destinada a víctimas de violencia de género del 5 % al 8 % .
Por primera vez, se establecen obligaciones claras para quienes sean adjudicatarios de viviendas públicas, asegurando así una gestión responsable y sostenible del patrimonio público. Esto incluye reforzar el uso de estas viviendas como domicilios habituales y permanentes.
Modernización y regulación adicional
La norma también aborda la adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, dotando al Instituto Canario de la Vivienda con herramientas jurídicas adecuadas para su gestión. Además, se avanza en la modernización del marco normativo sobre tipologías habitacionales al definir qué se entiende por viviendas prefabricadas y modulares.
Con este decreto, el Gobierno de Canarias no solo moderniza su normativa sobre vivienda sino que también garantiza que los recursos públicos se dirijan prioritariamente hacia quienes más lo necesitan, consolidando así un sistema más justo y accesible para todos los ciudadanos.
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