El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional en conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre. Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de España con los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, enfatizando la responsabilidad del país no solo en proteger su bienestar, sino también en construir una sociedad inclusiva que les reconozca como sujetos de derechos.
En este contexto, el Gobierno subraya la necesidad de garantizar una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades para todos los menores. Las infancias son diversas y enfrentan diferentes desafíos; por ello, es fundamental que tanto el Estado como la sociedad trabajen para eliminar las estructuras que perpetúan estas desigualdades, asegurando que cada niño y niña pueda desarrollarse con libertad y dignidad.
Compromiso con la Protección Integral
Para abordar estos retos, España cuenta con la Ley Orgánica 8/2021, conocida como LOPIVI, que establece un enfoque integral para la protección de la infancia frente a la violencia. Esta ley representa un cambio significativo al considerar la violencia contra los menores como una cuestión que debe ser atendida por toda la sociedad. Sin embargo, su implementación requiere colaboración continua con las administraciones autonómicas para garantizar efectividad en la protección de los derechos infantiles.
Además, se ha presentado un anteproyecto de Ley Orgánica sobre medidas contra la violencia vicaria, cuyo objetivo es fortalecer la respuesta institucional ante situaciones donde los hijos e hijas son víctimas indirectas de violencia de género. Este enfoque busca reconocer y abordar el daño causado a los menores dentro del contexto familiar.
Cooperación Internacional y Derechos Infantiles
La Ley 1/2023 sobre Cooperación para el Desarrollo Sostenible también incluye los derechos infantiles como un principio clave en las acciones exteriores españolas. A través del Plan Director de Cooperación Española 2024-2027, se prioriza invertir en infancia y adolescencia mediante programas que fomenten su participación activa y respeten sus derechos. Esto incluye esfuerzos significativos para combatir el trabajo infantil a nivel global y atender las crisis humanitarias que afectan a los menores.
Asimismo, se ha aprobado un proyecto de Ley Orgánica para proteger a las personas menores en entornos digitales. Este proyecto busca asegurar que las nuevas tecnologías sean utilizadas como herramientas educativas y no como medios de acoso o explotación.
Lucha Contra la Pobreza Infantil
La pobreza infantil es otro aspecto crítico abordado por el Ministerio de Juventud e Infancia, que continúa implementando políticas para combatir esta problemática. Se están ampliando apoyos a las familias y trabajando en cumplir con el Plan de Acción Estatal para implementar la Garantía Infantil Europea. También se está avanzando hacia una prestación universal diseñada bajo principios equitativos.
Es esencial fortalecer los servicios públicos en salud, educación y cuidados para asegurar que ningún niño o adolescente vea limitado su futuro debido a su situación económica o habitacional. En este sentido, se está promoviendo un Pacto de Estado orientado a erradicar la pobreza infantil, buscando unir esfuerzos entre fuerzas políticas y administraciones públicas.
Afrontando Desigualdades
El Gobierno insiste en que defender los derechos de niños, niñas y adolescentes es más que una obligación constitucional; es parte fundamental del desarrollo social del país. Es crucial prestar atención especial a aquellos grupos más vulnerables, incluyendo a la infancia tutelada y migrante no acompañada.
Sigue siendo necesario avanzar hacia una sociedad más justa donde los derechos no dependan del lugar donde se nace. Con determinación, España continúa trabajando por un futuro donde todas las infancias sean cuidadas y acompañadas adecuadamente.
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