Continúan los desatinos con las clausuras y sellados de vertederos ilegales

El Tema de los Vertederos Ilegales en España va camino de convertirse en pesadilla provocada por actos perturbadores y negativos de esta especie de “tripartito” (Estado-Autonomías-Entidades Locales), además de la correspondiente oposición, cada cual responsable según el momento conveniente a sus propios intereses.

No deja de ser habitual, entre los citados, eludir responsabilidades en detrimento del ciudadano, al cual según la Directiva 2008/98, se le debe protección a su salud.

Lamentablemente, en el caso que nos ocupa, ya sobradamente denunciado por algunos Medios, la Sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia del pasado 15.03.2017, fue auténticamente desoladora refiriéndose a actuaciones irresponsables llevadas a cabo por los correspondientes partícipes.

Es más, se menciona claramente, qué en algunas de las zonas afectadas, la eliminación de los residuos de determinados vertederos arrojados al mar, según proyectos, y, que se suponían basados en su mayor parte en prospecciones y estudios realizados, no llegaron a fundamentarse las oportunas desapariciones de rastros del conjunto de vertidos efectuados.

INADMISIBLE A TODAS LUCES.

Pero no finalizan aún nuestras desdichas Medio Ambientales en España.

Este Medio, ya viene denunciando semanas la existencia de otros 1.513 Vertederos Ilegales en España, según la propia Comisión, a través de una fantasmal presencia en extraña connivencias respecto al ocultamiento de ubicaciones, impidiendo un derecho básico a la información.

Para colmo de dislates, hemos observado en un Medio tinerfeño, las declaraciones del AYUNTAMIENTO DE GÜIMAR, dirigidas a la CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, a fin de que las Obras de SELLADO Y CLAUSURA DEL VERTEDERO DE LAS ROSAS, objeto de Contrato, sean revisada para obtener los verdaderos objetivos perseguidos de limpieza y restauración.

Según el Grupo Municipal Popular, “la limpieza del Vertedero consistió en una burda maniobra de camuflaje”.

Como opinión, podría tratarse también de un simple maquillaje técnico-envolvente de tierra.

Sería pertinente por parte de la citada Consejería, indagar al Proyectista y sobre todo a la Dirección de Obra, sobre lo ocurrido, tratándose del caso.

Y es que una Obra financiada en su 85% por Fondos Europeos, cifrada en 1.9 millones de euros, además de superar una cantidad adicional de 600.000 euros en concepto de alquiler de maquinaria por el propio adjudicatario, con casi 16.000 euros por Dirección de Obras, no llega a comprenderse una CONTRATACIÓN DIRECTA sin Concurso Público, adjudicada el 03.12.18, con un plazo de ejecución de 7 meses, aparentemente dentro de una legalidad, pero con dudas sobrevolando en el ámbito del rango de Leyes como por ejemplo, teniendo en cuenta la existencia de la LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, junto a la cual, carecería de lógica concurrencia el que no prevaleciera dicha Ley, con añadida fuerte carga reprobable de ausencia de ética dentro del mercado de la contratación pública.

Y tampoco, podría calificarse o estimarse como Obra de Emergencia/Urgencia, para recurrir a la Contratación Directa, al datar las primeras contingencias en 2007/2008, y ejecutarse las obras, al menos, 10 años más tarde.

Finalmente, nos gustaría escuchar algún día, las razones defensoras de las Contrataciones directas en detrimento de los Concursos.