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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha fallado a favor de una pensionista con incapacidad permanente, reconociendo su derecho a recibir el complemento por aportación demográfica desde la fecha inicial de su pensión, en lugar de limitarlo a tres meses de retroactividad como sostenía el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La decisión se basa en la doctrina del Tribunal Supremo que establece que este complemento no es una prestación independiente y, por lo tanto, no puede prescribir. Este fallo marca un avance en la igualdad de derechos para las mujeres en el ámbito de las pensiones y complementos económicos.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado una sentencia a favor de una trabajadora de Lanzarote, condenando al Servicio Público de Empleo (SEPE) a pagarle 8.937 euros por discriminación de género. La trabajadora, madre de tres hijos, había sido excluida del subsidio por desempleo más beneficioso para mayores de 52 años debido a su situación laboral a tiempo parcial. La sentencia resalta que se le exigió un mayor número de días cotizados, contraviniendo la normativa europea que busca eliminar la brecha de género en pensiones. Este fallo marca un precedente en la aplicación de la doctrina europea en casos similares en España.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido investigar a un abogado por una posible falta a la buena fe procesal tras presentar un recurso de apelación que incluía citas de sentencias y documentos generados por inteligencia artificial, los cuales podrían no existir. La Sala de lo Penal ha detectado al menos siete sentencias del Tribunal Supremo que no han podido ser verificadas, así como un informe del Consejo General del Poder Judicial que tampoco consta. Esta situación podría derivar en sanciones disciplinarias para el letrado si se determina mala fe o falta de respeto al Tribunal. La investigación busca depurar responsabilidades en este caso que plantea serias dudas sobre la diligencia profesional del abogado involucrado.

La Sala entiende que el proyecto de reforma debería haberse sometido a Evaluación Ambiental Estratégica, y estima el recurso interpuesto por el anterior arrendatario del inmueble.