consejo general del poder judicial

En 2024, la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja resultó en la muerte de 48 mujeres, lo que equivale a un asesinato cada 7,6 días. Esta cifra representa la más baja desde que se registran datos y un descenso del 17,2% respecto al año anterior. A pesar de esta disminución, el informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género destaca que muchas víctimas habían presentado denuncias previas. Además, se registraron 9 menores asesinados por sus padres, aumentando a 62 el total desde 2013. El informe subraya la necesidad de seguir fortaleciendo las políticas de protección para las víctimas de violencia de género y señala que el lugar más común para estos crímenes es el hogar compartido entre víctima y agresor. La violencia machista sigue siendo un problema grave en la sociedad, evidenciado por los datos presentados.

Ente enero y marzo habían crecido un 200% en el Archipiélago. Las Islas registraron entre abril y junio la tasa más alta de procesos por reclamación de deuda de España

El PP y el PSOE han alcanzado un acuerdo, en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová, para proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023, según han confirmado fuentes socialistas y 'populares'

El aumento de la criminalidad de género en las Islas fue entre enero y marzo superior al registrado en la totalidad del territorio nacional, donde el número denuncias se incrementó un 11,5%. El Archipiélago se mantiene como la cuarta comunidad con mayor tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres. El 95% de las personas que se sentaron en el banquillo por maltrato en la comunidad fue condenada

Dichas medidas, a implementar en los juzgados y tribunales en el momento en el que se levante el estado de alarma, son a juicio de la institución colegial una modificación encubierta de la legislación procesal, con claro recorte y merma de los derechos fundamentales de los ciudadanos