violencia de genero

El mayor incremento de llamadas se produce entre las mujeres mayores de 75 años que pasa de 19 alertas en enero a 33 en este último mes de mayo, casi el doble que en mayo del año pasado.

La actuación se inició tras una alerta recibida a través del CECOES 112.

Los agentes adoptaron medidas de seguridad ante antecedentes de fuga del ahora detenido.

El Gobierno ha descartado usar conexión móvil por satélite en el nuevo pliego de licitación para el sistema de pulseras telemáticas antimaltrato por «limitaciones técnicas relevantes».

Se mantiene la tendencia en el aumento de alertas en las que la víctima es menor.

En 2025, los órganos judiciales en España recibieron 204.342 denuncias por violencia de género, un aumento del 2,64% respecto al año anterior. De estas, el 71,61% fueron presentadas por mujeres víctimas, lo que equivale a 146.338 denuncias. El número total de mujeres víctimas se mantuvo en 185.188, con un leve incremento del 0,70%. Las órdenes de protección solicitadas disminuyeron un 2,68%, aunque el porcentaje de las concedidas se mantuvo cerca del 70%. Además, el 82,36% de las sentencias dictadas fueron condenatorias. Estos datos reflejan la necesidad de seguir trabajando para generar confianza en las víctimas y fomentar la denuncia de estos delitos.

En 2025, la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja resultó en la muerte de 49 mujeres, lo que eleva a 1.342 los feminicidios desde 2003. A pesar de ser una de las cifras más bajas en la serie histórica, se destaca que una mujer fue asesinada cada 7,4 días y que el 22,4% de las víctimas había denunciado a sus agresores. Además, tres menores fueron asesinados, aumentando a 65 el total de niños víctimas desde 2013. El informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género revela patrones preocupantes sobre la convivencia con los agresores y el uso predominante del arma blanca en estos crímenes.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado un nuevo real decreto que refuerza la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública para personas extranjeras sin residencia legal en el país. Esta normativa establece un procedimiento homogéneo para el reconocimiento del derecho a la salud, simplificando el proceso mediante una declaración responsable y facilitando la acreditación de residencia. Además, garantiza acceso inmediato a la atención sanitaria y prioriza colectivos vulnerables como menores y víctimas de violencia. El decreto también amplía la protección a españoles de origen en el exterior y mejora la equidad en las prestaciones ortoprotésicas. Con esta medida, se busca asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de salud en condiciones de igualdad y cohesión territorial.

Más de 140 jueces y juezas de Juzgados de Violencia sobre la Mujer han denunciado, en un comunicado, que la especialización en esta materia prevista en la Ley Orgánica 5/2018 sigue «en punto muerto» casi siete años después de su aprobación.

La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte acoge la segunda jornada del proyecto Mujeres Rurales Jóvenes ‘Mujeres Rurales que transforman el territorio en espacios libres de violencias’ en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres.

El 60% del total de llamadas al servicio fueron de emergencia lo que suponía un peligro inminente para la víctima y los dispositivos de emergencia se activaron en 167 ocasiones.

El 69% de la población española considera que la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres, según una encuesta del Ministerio de Igualdad y el CIS. El estudio revela que el 79% opina que la prostitución compromete la dignidad de quienes están en ella y que la mayoría no la ve como un trabajo legítimo. Además, el 71% cree que la pornografía fomenta la violencia hacia las mujeres. La encuesta también destaca que un 95% de los encuestados señala la necesidad de eliminar contenido sexual no consentido en plataformas digitales. Las opiniones reflejan un rechazo generalizado hacia la normalización de la prostitución, sugiriendo una tendencia abolicionista en la sociedad.

Advierte que los mensajes contradictorios de responsables públicos debilitan la protección de mujeres y menores.