Regulación

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo de España ha anunciado un cambio normativo para combatir las llamadas spam. Se propone una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela que obligará a las empresas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico y permitirá a las compañías telefónicas bloquear aquellas que no lo utilicen. Además, se declararán nulos los contratos cerrados en llamadas no consentidas y se exigirá renovar el consentimiento cada dos años para recibir estas comunicaciones. Estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores ante el creciente número de quejas sobre llamadas no deseadas.

Reitera la necesidad de preservar los recursos marinos y la sostenibilidad del sector pesquero artesanal, destacando el caso singular de La Gomera, donde las competencias en aguas son exclusivamente estatales.

Ashotel califica de grave error querer romper la unidad de explotación en complejos de apartamentos para que las VV se den de baja en su actividad y se comercialicen al margen de la norma.

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha anunciado una nueva regulación que obligará a las empresas a ser transparentes sobre el uso de algoritmos en la personalización de precios y publicidad. Esta medida busca evitar prácticas discriminatorias y garantizar que los parámetros utilizados sean accesibles para los consumidores. Además, se prohibirá la variación automática de precios durante el proceso de compra para prevenir decisiones apresuradas por parte de los usuarios. La regulación se presentará en un contexto donde se busca proteger los derechos digitales de los consumidores, especialmente en situaciones de emergencia.

Jéssica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, ha instado a los grupos parlamentarios a aprobar la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que regulará el alquiler vacacional en las islas. En su intervención en el Parlamento, destacó la importancia de diseñar un modelo turístico sostenible para la próxima década y propuso limitar el uso turístico al 10% de las viviendas, con un enfoque especial en preservar la convivencia ciudadana. La ley busca dar seguridad jurídica a propietarios y ayuntamientos, prohibiendo nuevas declaraciones responsables hasta que se definan criterios claros. De León subrayó que esta regulación es necesaria para equilibrar el mercado de vivienda y prevenir la gentrificación.

La patronal hotelera considera vital no dilatar más una norma que busca poner orden a una actividad económica que “campa a sus anchas” sin regulación urbanística, económica y de excelencia.

La consejera de Turismo y Empleo de Canarias, Jéssica de León, presentó un proyecto de ley para regular la vivienda vacacional, buscando equilibrar el turismo con la calidad de vida de los residentes. La normativa establece límites a nuevas autorizaciones y prioriza el uso residencial del suelo.

Luis Campos reclama, por quinta vez, una moratoria temporal de nuevas autorizaciones hasta la aprobación de la ley para frenar el aumento descontrolado

La presidenta del Grupo Parlamentario, Melodie Mendoza, dice que “no se pueden aplicar las mismas reglas a territorios que operan de forma distinta completamente” y subraya las particularidades económicas y demográficas de las Islas Verdes que exigen un trato diferenciado.

El Pleno de la Cámara de Canarias rechazó una propuesta del PSOE para controlar la vivienda vacacional ilegal, que instaba a crear un sistema de alerta fiable. Argumentan que la proliferación de alojamientos no regulados compite deslealmente con los legales y afecta la imagen turística de las islas.

Los visitantes deben tramitar permisos y llevar equipamiento obligatorio. Se establece un cupo máximo de 300 personas y se aplicarán sanciones por incumplimiento.

Gabriel González, concejal por Podemos: "Seguiremos luchando para que Adeje sea un lugar donde vivir no sea un privilegio, sino un derecho”.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional celebró el II Congreso de Vivienda Vacacional en Canarias, donde expertos discutieron su impacto social, económico y jurídico. Se destacó la importancia de este modelo para la economía local y se criticó el Anteproyecto de Ley por no considerar las realidades municipales.

Se enfatizó la gestión equilibrada del suelo turístico, modernización de infraestructuras y formación profesional dual para un desarrollo sostenible e inclusivo.

Se estima que los gastos de turistas en viviendas vacacionales contribuirán con un 3,01% al PIB de Canarias en 2024, superando al sector primario y a la industria manufacturera. Este alojamiento atrae turistas que gastan más fuera de los establecimientos.