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El Gobierno reclama al Estado que convoque cuanto antes la Conferencia Sectorial de Infancia para establecer los criterios del reparto.

CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, defenderá legalmente a sus afiliados que enfrenten la denegación o el retraso de su derecho a la jubilación parcial anticipada. A pesar de una nueva instrucción del Gobierno, CSIF considera que es insuficiente y exige una regulación inmediata que incluya a todos los empleados públicos. La organización advierte que la reciente normativa podría poner en riesgo este derecho, ya que algunas administraciones han comenzado a paralizar solicitudes basándose en interpretaciones restrictivas.

El acuerdo in extremis al que han llegado las ministras de Trabajo y Hacienda logra blindar y beneficiar a más de 2,4 millones de trabajadores. De esta manera se evitará que aquellos que perciben el salario mínimo, tras la nueva subida, pierdan poder adquisitivo.

El Gobierno de España ha aprobado un Proyecto de Ley orgánica para la protección de menores en entornos digitales, que incluye la tipificación como delito de los deepfakes de contenido sexual y el grooming. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, destacó que esta norma busca garantizar derechos fundamentales como la intimidad y el acceso a contenidos adecuados para los jóvenes. Además, se implementará control parental gratuito y por defecto en dispositivos digitales. Esta iniciativa pionera en Europa también contempla reformas legislativas para proteger a los menores frente a contenidos perjudiciales y promover un uso responsable de la tecnología. Para más detalles, visita el enlace.

El Sindicato subraya que “el Gobierno y las organizaciones sindicales que respaldan el nuevo modelo deberían ser más prudentes y menos triunfalistas, porque las modificaciones legislativas previstas van a encontrarse con serias dificultades para hacerse realidad”.

200 veterinarios pararon durante dos horas para concentrarse ante la Delegación del Gobierno y pedir el cambio de la normativa.

“Usted no lidera, es un presidente débil que está sólo para ejecutar órdenes ajenas como las del Partido Popular o determinados intereses económicos de esta comunidad autónoma, y, mientras, se niega a aprobar el complemento de vivienda de la Renta de Ciudadanía o aumentar la financiación a las universidades públicas canarias”.

El portavoz de ASG se hace eco de las quejas de las compañías aéreas que operan con y en las islas por los retrasos en el pago de las bonificaciones por residente que asciende a 425 millones el pasado año. “Canarias es una comunidad autónoma singular, alejada, donde el transporte juega un papel singular en la cohesión territorial”, por eso demanda al Gobierno de Canarias que tome cartas en el asunto.

Para el PSOE, “desde que gobiernan CC y PP, lo de las pruebas diagnósticas clama al cielo”, ya que los pacientes tienen que esperar hasta siete meses para una resonancia magnética en el Hospital Universitario Doctor Negrín de Gran Canaria, o seis meses y medio para un TAC en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife.

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley junto con Junts, que fija el 20 de marzo de 2026 como plazo máximo para reubicar a todos los menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en territorios con sobreocupación, como Canarias, Ceuta y Melilla. El decreto otorga un plazo máximo de tres meses (hasta el 20 de junio de 2025) para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia defina los criterios de distribución.

El Gobierno ha cerrado con Junts un acuerdo para reformar el artículo 35 de a Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes, lo que incluiría la distribución de menores que se encuentran ahora en territorios tensionados por la presión migratoria, como es el caso de Canarias -que tutela a más de 5.000 niños y adolescentes-. Según Junts, de ese reparto, Cataluña recibiría 27 mientras que a Madrid le corresponderían 700.

El sindicato CSIF ha iniciado movilizaciones en toda España para exigir al Gobierno que reactive la negociación colectiva sobre la subida salarial de los empleados públicos. La primera concentración se llevará a cabo el 19 de marzo frente al Ministerio de Hacienda. CSIF demanda un nuevo acuerdo retributivo, equiparación salarial y una oferta de empleo público sin tasa de reposición, entre otras reivindicaciones. El sindicato critica la incapacidad del Gobierno para presentar unos Presupuestos que permitan abordar reformas necesarias en áreas como Sanidad y Educación, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las administraciones públicas.

La Mesa del Turismo de España advierte sobre el impacto negativo de la morosidad del Gobierno con las aerolíneas, que adeuda 810 millones en subvenciones para residentes. Esto podría afectar la conectividad y el turismo en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, agravando la situación económica de estos territorios.

González afirma que el proyecto del Gobierno está abocado al fracaso por ser inaplicable y favorecer aún más la concentración de la riqueza en el turismo