El reciente acuerdo entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco para establecer la cogestión en los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián ha hecho que el gestor aeroportuario Aena amenace con emprender acciones legales. La situación crea un panorama complejo, donde se entrelazan cuestiones jurídicas y políticas, con implicaciones para Canarias.
El pasado viernes, el Gobierno central y el Ejecutivo vasco llegaron a un acuerdo para introducir la cogestión en los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. Concretamente, se pactó crear un “órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión”. Sin embargo, el gestor aeroportuario no solo ha cuestionado públicamente el pacto, sino que ha formalizado su oposición ante la CNMV, evidenciando la preocupación existente en los mercados sobre el alcance real de lo acordado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales.
En su comunicación oficial, Aena subrayó que el nuevo órgano bilateral anunciado debe encuadrarse estrictamente dentro del marco constitucional vigente y, en ningún caso, alterar el modelo actual. La compañía recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general y que la gestión de la red corresponde de forma exclusiva a Aena, conforme a la Ley 18/2014, que define esta red como un servicio de interés económico general. En este contexto, AENA insiste en que cualquier fórmula de participación autonómica solo puede tener carácter consultivo y no decisorio .
Mientras el Gobierno central defiende que el órgano de cogestión permitirá a Euskadi influir en la planificación, inversiones y estrategia aeroportuaria, Aena advierte que determinadas interpretaciones realizadas desde el Ejecutivo vasco podrían invadir competencias estatales y vulnerar la normativa vigente.
El presidente de Aena, Maurici Lucena.
De hecho, en su escrito al supervisor bursátil señala expresamente que algunas declaraciones públicas generan incertidumbre sobre el alcance del acuerdo y podrían afectar a los intereses de la sociedad y de sus accionistas, entre los que hay un 49% de capital privado.
ACCIONES LEGALES
La respuesta de Aena al acuerdo entre las dos administraciones no se queda en el plano declarativo. El gestor aeroportuario ha encargado a sus asesores jurídicos el análisis de posibles acciones legales en defensa de su modelo de gestión y de los derechos de sus accionistas, abriendo la puerta a un conflicto judicial si el desarrollo del acuerdo desborda los límites que considera legales.
El gestor teme, además, que cualquier modificación sustancial del sistema aeroportuario español introduzca inseguridad jurídica y afecte a su cotización en los mercados.
El acuerdo político, por su parte, contempla la creación de un órgano bilateral Euskadi-Estado concebido como instrumento de “colaboración, coordinación y gestión”, lo que ha alimentado interpretaciones divergentes sobre su alcance real. Para Aena, esa ambigüedad es precisamente el problema: cualquier paso más allá de la consulta supondría, a su juicio, romper el principio de unidad de red que sustenta el sistema aeroportuario español.
DUDAS LEGALES Y POLÍTICAS
El precedente vasco, lejos de despejar el camino, introduce un elemento de incertidumbre: si el modelo que se pretende implantar en Euskadi ya genera oposición frontal y amenazas de litigio, el margen para iniciativas similares en Baleares queda condicionado por los mismos límites jurídicos.
El pulso abierto entre Aena y el Gobierno no es solo una discusión sobre competencias, sino sobre el modelo mismo de gestión aeroportuaria en España. Centralización frente a cogobernanza. Unidad de red frente a adaptación territorial. Y, en medio, comunidades como Canarias que observan cómo cualquier avance en esa dirección podría acabar dirimiéndose en los tribunales de justicia.
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