El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado el nuevo paquete de medidas anticrisis aprobado por el Gobierno el viernes y que entra en vigor de forma inmediata este domingo. Se trata de un amplio plan de choque, dotado con unos 5.000 millones de euros y articulado a través de dos reales decretos, con el objetivo de amortiguar el impacto económico derivado de la crisis energética internacional provocada por la guerra en Oriente Próximo. Sectores profesionales y consumidores cuestionan el alcance del paquete y creen que podría «quedarse corto».
Las medidas que han entrado en vigor este domingo se incluyen en dos normas: un primer decreto con medidas fiscales, energéticas y ayudas directas -que previsiblemente contará con mayor respaldo parlamentario- y un segundo centrado en vivienda, cuyo futuro en el Congreso de los Diputados es mucho más incierto debido a la falta de apoyos suficientes.
El núcleo del plan anticrisis se concentra en el primer decreto, que incluye una batería de medidas fiscales destinadas a contener la inflación energética y aliviar el gasto de hogares y empresas.
Entre las principales decisiones destaca la reducción del IVA del 21 por ciento al 10 por ciento en productos energéticos como la gasolina, el gasóleo, la electricidad y el gas natural.
A esta rebaja se suma también una disminución de los impuestos especiales sobre hidrocarburos y electricidad, así como la suspensión temporal de determinados gravámenes vinculados a la producción eléctrica, con el objetivo de abaratar el coste final de la energía.
El decreto establece, además, que estas rebajas fiscales tendrán carácter temporal y estarán condicionadas a la evolución de la inflación, lo que abre la puerta a su prórroga o retirada en función del comportamiento de los precios energéticos en los próximos meses.
SECTORES Y COLECTIVOS VULNERABLES
Junto a las medidas tributarias, el Gobierno ha aprobado un conjunto de ayudas directas dirigidas a los sectores más afectados por el encarecimiento de la energía.
Entre ellas destacan, por un lado, las bonificaciones al combustible para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Por otro, los apoyos específicos al sector primario, incluida ayuda para fertilizantes. Y en tercer lugar, las medidas de respaldo a la industria electrointensiva, como la bonificación de peajes eléctricos.
En el ámbito social, el decreto refuerza el denominado “escudo social” mediante la prórroga del bono social eléctrico y térmico, así como la protección de los consumidores vulnerables, evitando cortes de suministro.
Asimismo, se introducen medidas laborales como la prohibición de despedir por causas económicas en empresas que reciban ayudas públicas, siguiendo la línea de actuaciones aplicadas en crisis anteriores.
MEDIDAS ENERGÉTICAS Y CONTROL DE PRECIOS
El paquete incluye también actuaciones para intervenir en el mercado energético y limitar el impacto de la escalada de precios. Entre ellas, la congelación del precio máximo del butano y el propano y el impulso de medidas de autoconsumo y eficiencia energética.
Además, se refuerza la supervisión para evitar posibles abusos en la aplicación de las ayudas, con un mayor control por parte de organismos reguladores.
EL DECRETO DE VIVIENDA, SIN APOYOS CLAROS
El segundo decreto publicado por el BOE se centra en el ámbito de la vivienda, uno de los puntos que ha generado mayor controversia política.
Entre sus principales medidas se incluyen la limitación de la subida de los alquileres al 2 por ciento durante 2026 y 2027, así como la prórroga automática de contratos de alquiler que expiren en ese periodo, con posibilidad de extensión de hasta dos años.
J. Fernández Ortega.
Estas medidas buscan contener el impacto de la crisis en el acceso a la vivienda y evitar subidas bruscas de precios en un contexto inflacionario.
Sin embargo, este decreto es el que presenta mayores dificultades políticas. Diversos grupos parlamentarios, especialmente en la oposición, han mostrado su rechazo a las medidas en materia de vivienda, lo que deja en el aire su convalidación en el Congreso.
De hecho, el propio diseño del plan en dos decretos responde a la intención del Ejecutivo de garantizar la aprobación del bloque económico, separándolo de las iniciativas más controvertidas para facilitar su tramitación parlamentaria.
ENTRADA EN VIGOR INMEDIATA
Aunque ambos decretos ya han sido publicados en el BOE y entran en vigor este domingo, su continuidad dependerá de su convalidación en el Congreso en las próximas semanas.
El Gobierno confía en recabar apoyos suficientes al menos para el decreto de medidas fiscales y ayudas, considerado prioritario para frenar el impacto de la crisis energética sobre familias y empresas.
En cambio, el futuro del decreto de vivienda permanece abierto, en un escenario político marcado por la fragmentación parlamentaria y las diferencias entre los grupos sobre la intervención en el mercado del alquiler.
CRÍTICAS POR SU ALCANCE LIMITADO
Pese a la amplitud del paquete aprobado, las medidas han suscitado una ola de críticas desde distintos ámbitos económicos y sociales, que coinciden en señalar su carácter insuficiente para afrontar el impacto de la crisis energética.
Organizaciones empresariales como la CEOE, junto a colectivos profesionales y sindicatos, han cuestionado tanto el alcance como la eficacia de algunas de las iniciativas incluidas en el decreto, reclamando actuaciones más ambiciosas y focalizadas.
En el caso del transporte, uno de los sectores más afectados por la subida del combustible, las asociaciones consideran que las ayudas son “poco ambiciosas” y no compensan el incremento real de costes. Según denuncian, las bonificaciones actuales apenas cubren una parte del sobrecoste del gasóleo, lo que pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas y podría trasladarse a un aumento de precios en la cadena logística.
También desde el ámbito técnico se han expresado reservas. Los técnicos del Ministerio de Hacienda advierten de que las rebajas fiscales generalizadas, como la reducción del IVA, carecen de progresividad suficiente y pueden beneficiar en mayor medida a quienes más consumen, en lugar de dirigirse específicamente a los hogares más vulnerables.
Por su parte, asociaciones de consumidores y sindicatos reclaman más ayudas directas y selectivas, así como mecanismos de control que eviten que las rebajas fiscales acaben trasladándose a los márgenes empresariales en lugar de al bolsillo de los ciudadanos.
En conjunto, las críticas apuntan a que el paquete podría quedarse corto si el contexto internacional se prolonga o se agrava, lo que obligaría a adoptar nuevas medidas en las próximas semanas.
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