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Las políticas económicas implementadas por el Gobierno de Canarias han logrado reducir la tasa de pobreza en el Archipiélago, pasando de ser la segunda comunidad autónoma con mayor riesgo de pobreza a la quinta en solo un año. La tasa AROPE se ha reducido del 33,8% al 31,2%, marcando la cifra más baja en una década. Además, la renta neta media por hogar ha aumentado un 11,3%, alcanzando los 34.819 euros. A pesar de estos avances, persisten desafíos económicos significativos. El Gobierno continuará aplicando medidas para fomentar el empleo y mejorar las condiciones de vida en Canarias.

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley para regular el uso ético, inclusivo y beneficioso de la Inteligencia Artificial (IA), adaptando la legislación nacional al reglamento europeo vigente. Este nuevo marco normativo busca fomentar la innovación mientras se establecen medidas de control para mitigar riesgos asociados a la IA. La ley prohíbe prácticas maliciosas y establece sanciones severas por incumplimientos, como el uso de técnicas subliminales o la clasificación biométrica discriminatoria. Además, se crearán entornos controlados de pruebas para facilitar el desarrollo seguro de sistemas de IA. La tramitación del anteproyecto se realizará con carácter urgente antes de su aprobación definitiva en las Cortes.

Franquis califica el Proyecto de Ley de Vivienda Vacacional como el “mayor desastre legislativo” de la historia de Canarias, y recuerda que no se ha construido ni una sola vivienda protegida tras la aprobación del Decreto Ley de Vivienda, además del colapso en dependencia y el caos entre el personal docente.

El grupo canarista critica el discurso del presidente en el debate la nacionalidad canaria, al carecer de soluciones a las necesidades reales de la ciudadanía.

El Ejecutivo destaca la importancia de que el Congreso saque adelante la proposición de ley en trámite para seguir fomentando la puesta a disposición de inmuebles en el mercado.

El presidente Clavijo logra el compromiso de la vicepresidenta Montero para agilizar la iniciativa que permita la salida de 4.000 niños y niñas desde Canarias a otros territorios.

Entran en vigor las primeras medidas del Plan del Gobierno español para combatir las estafas telefónicas. Las operadoras de telecomunicaciones deberán bloquear números no asignados a clientes o servicios, y se permitirá a las empresas utilizar números 800 y 900 para llamadas comerciales. Además, el 15 de mayo se implementarán nuevas restricciones, como la prohibición de llamadas comerciales desde móviles y el bloqueo de SMS internacionales que simulen ser españoles. Este plan busca proteger a los usuarios de fraudes y facilitar la identificación de llamadas comerciales.

NC afirma que el dictamen del Observatorio de la Dependencia expresa el horror de la gestión y desmiente el intento del Gobierno de minimizar el grave problema

El Partido Animalista denuncia la "falta de compromiso" del Gobierno con la protección animal y critica su "afán recaudatorio" con la salud de los animales.

Toledo reclama al Gobierno estatal “la misma voluntad política para llegar a acuerdos que tiene con otros territorios” y recuerda que Canarias “encadena 18 meses de drama humanitario”

David Toledo, de Coalición Canaria, critica al Gobierno español por favorecer a Cataluña en cuestiones de inmigración mientras ignora las necesidades de Canarias. Denunció la falta de acción ante la crisis humanitaria de menores no acompañados y cuestionó la voluntad política del PSOE hacia las Islas.

Mientras a Canarias se le impide tener competencias en materia de residencia con un debate social contundente sobre los límites del territorio, a Cataluña sí se le otorgan esas mismas competencias.

Durante la reunión del CPFF, los doce consejeros de Hacienda del PP han abandonado la sala en desacuerdo con la propuesta del Gobierno de condonar 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Consideran que se trata de una "trampa" que favorece a comunidades endeudadas y se opusieron a ser cómplices del independentismo.

El Gobierno de España ha aprobado un anteproyecto de ley que busca fortalecer la gobernanza democrática en los servicios digitales y establecer un registro de medios de comunicación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de coordinar estos servicios, con nuevas competencias para supervisar y sancionar infracciones graves, que pueden llegar hasta el 6% del volumen de negocio anual. Además, se creará un registro público estatal donde los medios deberán declarar su estructura de propiedad y financiación, promoviendo así la transparencia en el sector. Esta normativa adapta el marco legal español a las regulaciones europeas sobre servicios digitales y libertad de medios, asegurando un entorno digital más seguro y justo para los consumidores.