especulacion inmobiliaria

Acusa al Gobierno de Clavijo de fracasar en su deber de garantizar el derecho a la vivienda y exige medidas urgentes frente a la crisis habitacional: “La responsabilidad es suya, no busque culpables fuera, no es culpa de Europa ni de Madrid”.

“No es casualidad” que el 14,6% de las viviendas en Canarias esté en manos de grandes propietarios. Es el porcentaje más alto del Estado. Sólo cuatro personas físicas acumulan más de 620 propiedades, y 73 sociedades concentran más de 19.300 viviendas”.

El Gobierno de Canarias ha presentado el Decreto Ley 1/2024, que establece medidas para abordar la emergencia habitacional en las islas. Este decreto busca facilitar el acceso a una vivienda digna mediante la promoción de viviendas protegidas y la regulación del mercado inmobiliario. Una de las iniciativas más destacadas es el programa Hipoteca Joven, que permitirá a los jóvenes financiar hasta el 95% del valor de su primera vivienda, superando el límite habitual del 80%. Para beneficiarse, los solicitantes deben tener entre 18 y 40 años, residir en Canarias y adquirir una vivienda que no supere los 200.000 euros. Con estas acciones, el Gobierno reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado de vivienda y la lucha contra la especulación inmobiliaria.

Tamara Raya, portavoz socialista en la Cámara regional, critica la propuesta del Gobierno autonómico de destinar la Reserva para Inversiones de Canarias a vivienda libre, considerándola regresiva y beneficiosa solo para los más ricos.

Román Rodríguez defiende la decisión unánime del Parlamento de 2006, aprobada por la Comisión Europea, contra la materialización de la reserva en vivienda que “no sea protegida”

Tras las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en las que han señalado que el Ejecutivo quiere poner en marcha una ley para regular las viviendas vacacionales, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) manifiesta que se trata de una medida urgente y prioritaria para regular un escenario cada vez más preocupante

Luis Campos denuncia que favorece la especulación, prima la construcción de residencias libres en detrimento de las protegidas, además de tener visos de inconstitucionalidad

Román Rodríguez enmarca esta medida en la contención selectiva del crecimiento demográfico en función de las realidades insulares y para afrontar el problema de acceso a una residencia