La organización ecosocialista señala que para movilizar las 200.000 edificaciones cerradas en el Archipiélago se deben adoptar medidas valientes que la Ley de Vivienda estatal permite
José Luis Almenara, portavoz de Sí se puede en Canarias, considera que el nuevo Decreto del Gobierno de Canarias supone un paso claro en una dirección equivocada, donde se sigue sometiendo al territorio a un mayor nivel de uso, sin poner coto a la especulación del enorme parque de viviendas deshabitadas, en mano de fondos de inversión y grandes tenedores.
Para la organización ecosocialista, entre recalificar nuevo suelo urbano y sacar al mercado las 200.000 viviendas sin uso en Canarias, CC-PP “elijen claramente el interés del poderoso lobby de la construcción, sin tocar un pelo a los que durante años compraron miles de viviendas a costa de las quiebras de la burbuja del ladrillo”.
Según afirma Almenara “en un contexto de enorme presión sobre el territorio y los recursos naturales, se plantea construir más viviendas e incluso favorecer una colaboración público-privada, que ya sabemos que acaba tensionando la disponibilidad de hogares según su nivel de rentas”.
Para Sí se puede además del uso racional del territorio, la prioridad en Canarias debe ser la rehabilitación. Además, ante la actual emergencia habitacional el factor tiempo es determinante para solucionarla. “Hoy se tarda menos en la finalización de una promoción paralizada de viviendas que en hacer una nueva”, asegura.
Igualmente considera que la política del Gobierno de Canarias plasma su escaso interés en buscar soluciones reales al problema, pero sí evidencia que “hay voluntad de mantener los intereses de aquellos a los que no le interesa que el precio de la vivienda baje, que son además los que a su vez más contribuyen económicamente a las campañas de ciertos partidos”.
En opinión del portavoz de Sí se puede, frente al Decreto canario hay una Ley de Vivienda estatal, un marco al partir del cual se posibilitaría que el parque inmobiliario cerrado salga al mercado, medidas que “podrían haberse plasmado y reforzado en la nueva normativa, imponiendo herramientas para la puesta en uso de los fondos retenidos, cerrando el crecimiento explosivo de viviendas vacacionales y/o limitando la venta de vivienda a población no residente”.