La organización ecosocialista señala que para movilizar las 200.000 edificaciones cerradas en el Archipiélago se deben adoptar medidas valientes que la Ley de Vivienda estatal permite
“Vamos a seguir denunciando las dudosas acciones administrativas que permitan especular con nuestro territorio en detrimento del interés general de las ciudadanas y ciudadanos de nuestra tierra”
