La ministra Dolores Delgado, al hilo del juicio paralelo que determinados sectores están haciendo del conocido caso de 'la Manada', ha anunciado que el gobierno se propone modificar la legislación penal para que tenga que haber un consentimiento expreso previo a cualquier relación sexual, sin el cual la conducta será constitutiva de una agresión sexual. Una derogación en toda regla del principio la presunción de inocencia -que proclama nuestra Constitución- que será de muy difícil aplicación.
Rápidamente, las redes comenzaron a inundarse de memes y de mensajes de adhesión, convirtiendo el debate en algo propio de la corrala del siglo XXI, es decir, del nivel medio de las redes sociales.
Que el sexo debe ser consentido es algo aceptado en el mundo civilizado, pero ni mucho menos universal. Hasta no hace tanto, en nuestro propio entorno cultural, una parte muy significativa de las relaciones sexuales eran meramente toleradas, como una carga o débito al varón, para que éste aliviase sus necesidades hormonales.
Todavía hoy, en países de culturas en las que la mujer es considerada como poco menos que un objeto decorativo o un mero soporte biológico para la perpetuación de la especie, el sexo no solo no es habitualmente algo consentido, sino que es directamente forzado o, en el mejor de los casos, inducido por una presión social asfixiante.
Países como la India, Irán y algunos otros de cultura musulmana todavía registran episodios de repudio y hasta de asesinato de mujeres por haber cometido el pecado infame de haber sido violadas.
En otros países, sin llegar a tanto, los estereotipos machistas mantienen un esquema de relaciones que por estos lares consideraríamos extremadamente rancios y que en los últimos años hemos visto renacer como consecuencia de la inmigración.
Por tanto, los problemas que acarrea la acreditación del consentimiento en Occidente son una minucia con relación a la situación de la mujer en el resto del mundo, sin que ello suponga que haya de quedar ni una sola víctima sin protección, claro está.
Ahora bien, los experimentos legislativos nacidos al calor de polémicas sociales, en gran parte surgidas del desconocimiento de las circunstancias de cada caso, son extremadamente peligrosos.
Lo del consentimiento expreso -y expreso solo puede ser de forma verbal o escrita- genera muchos más problemas de los que se supone que pretende resolver.
Para empezar, convierte a todos los españoles sexualmente activos en delincuentes, porque les sugiero que comiencen a hacer recuento de a cuántas parejas sexuales y en cuántas ocasiones les han pedido ustedes que presten expreso consentimiento para mantener relaciones. Salvo que sean ustedes muy raritos, en pocas o ninguna. ¿Significa eso que las relaciones en las que han participado no fueran consentidas? Respóndanse.
Tampoco resuelve el asunto del consentimiento expreso la esencia de lo que pretenden defender algunos colectivos, aquello del 'No es No'.
Supongamos que estamos en disposición y que preguntamos a nuestra pareja (y a los demás participantes, en su caso): -¿Prestas tu consentimiento a que mantengamos relaciones sexuales? o, abreviadamente, (con perdón) -¿Follamos?, y que el destinatario o destinataria contesta afirmativamente, entonces, ¿cómo registramos ese consentimiento expreso?
Porque, si al final, el consentimiento expreso va a tener que ser objeto de ulterior prueba, entonces no arreglamos nada, estamos como ahora y debemos convenir que no existe diferencia alguna entre ese consentimiento, sea expreso o tácito.
Algún informático espabilado ya ha pensado en eso y ha creado -flipen- una app para móviles mediante la cual los intercambiadores de fluidos pueden registrar su previo consentimiento. Otra memez invasora de nuestra escasa intimidad, porque, aunque creasen un registro público de consentimientos sexuales, ello no impediría que existiesen los llamados vicios del consentimiento, es decir, la violencia, la intimidación, etc. De manera que, al final, ese registro lo que haría sería amparar al violador que tuvo la precaución de obligar a su víctima a consentir manifiestamente.
Obviamente, también podemos prever un archivo videográfico de consentimientos, para dejar claro que el consentidor o consentidora actúa libremente: -Hola, soy Abundia, mayor de edad sexual, con número de DNI X, y presto mi consentimiento expreso para mantener relaciones con Tesifonte, hoy 13 de julio de 2018 hasta el amanecer; actúo libremente y tengo plena capacidad de obrar.
Qué bonito es el amor, se observa a simple vista, y con un vídeo homologado enviado al registro que la ministra Delgado ya debe de haber previsto, adiós a los problemas. Lo malo es que a Tesifonte, en plena faena, se le ocurra pedirle a Abundia que le haga tal o cual cosa, o que se deje hacer tal o cual otra y que ésta, en ese momento, o porque su religión se lo prohíbe, no quiera. ¿Qué hacemos entonces con el consentimiento prestado? No es No, pero un Sí, ¿también puede ser No?
El lío en el que pretende meternos el gobierno es macanudo. Entiendo que quiera poner coto a las relaciones sexuales inconsentidas, muchas de ellas fruto de noches locas, de fiestas desenfrenadas, de alcohol y drogas y de la desinhibición subsecuente, que merma lógicamente la capacidad volitiva de unos y otras.
El sexo basura está a la orden del día, no hay más que ver lo que sucede a diario en los baños de los locales de ocio, y ello sin contar prácticas parafílicas de altísimo riesgo como el dogging, el cruising y otras de las que desconozco su denominación.
Si es consentido y entre adultos, esa clase de sexo es solo un problema de salud pública. Pero me temo que es en esos entornos en los que el consentimiento entra con frecuencia en zonas borrosas.
Y, para resolver ese problema, no es de recibo que los demás individuos sexualmente activos, que no acostumbramos a meternos en la boca del lobo, tengamos que pasar a la categoría de presuntos culpables solo porque no hemos hecho firmar un papel a nuestra pareja.
Porque, al final, el sexo no solo debe ser consentido, sino, sobre todo, con sentido.
Si (
No(
