El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que halló culpable a una vecina de Santa Cruz de Tenerife por un delito de apropiación indebida agravada. La condena impuesta asciende a cuatro años y seis meses de prisión, además de la obligación de indemnizar a la entidad municipal Muvisa con un total de 134.602,50 euros, más los intereses correspondientes.
La acusada, quien trabajaba como representante comercial en una inmobiliaria y no contaba con antecedentes penales, fue designada en septiembre de 2020 para representar a un vecino afectado por la expropiación de su vivienda habitual debido a las obras de la Línea 2 del tranvía en Tenerife. Esta situación dejó al perjudicado en una condición extrema de vulnerabilidad, requiriendo un nuevo hogar que debía ser financiado por Muvisa, conforme a un convenio establecido con el Cabildo Insular de Tenerife.
Gestión Irregular y Malversación de Fondos
Autorizada formalmente para gestionar la compra del inmueble, la mujer se comprometió a asegurar el «buen fin» del proceso, dado que el denunciante había llegado a dormir en la calle y era considerado "sin hogar" por los Servicios Sociales. Entre diciembre de 2020 y junio de 2023, su cuenta bancaria recibió cinco transferencias por parte de Muvisa, sumando un total de 155.452,50 euros.
A pesar del dinero recibido, solo se descontaron legítimamente 20.850 euros correspondientes a arras penitenciales por dos operaciones fallidas. Sin embargo, la investigada utilizó 134.602,50 euros para gastos personales como suministros y compras diarias, ignorando las necesidades básicas del afectado. Un informe policial detalló que no hubo otros ingresos en su cuenta durante tres años.
Incumplimiento y Consecuencias Legales
El 13 de julio de 2023, cuando estaba programada la firma para adquirir la quinta vivienda seleccionada por el curador del afectado, la acusada no se presentó. Atribuyó su ausencia a embargos fiscales menores; sin embargo, su cuenta estaba vacía tras haber gastado los fondos recibidos. Ante esta situación, Muvisa tuvo que abonar nuevamente 127.230,47 euros para completar la operación y evitar mayores perjuicios al realojar temporalmente al afectado.
La curatela judicial del denunciante fue establecida el 14 de junio de 2022 debido al deterioro en su salud y asumida por la Fundación Tutelar Canaria. La curadora reportó múltiples intentos fallidos para contactar a la acusada y describió dilaciones sistemáticas en el proceso.
Evidencias Sólidas y Veredicto Final
La sentencia consideró válidas las pruebas presentadas: declaraciones del administrador de Muvisa, testimonios policiales que corroboraron el informe bancario entre 2020 y 2023 y las afirmaciones del propio perjudicado. Esta evidencia fue suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia mediante un juicio racional basado en indicios claros.
El caso alcanzó un “punto de no retorno” cuando la acusada faltó a su compromiso notarial sin fondos disponibles, consolidando así una disposición ilegítima sobre los fondos recibidos bajo mandato.
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