El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por dos vecinos de Tenerife, quienes habían sido condenados a 11 años de prisión. La sentencia, emitida por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en septiembre del año pasado, les declaró culpables de un delito de asesinato en grado de tentativa, tras una violenta agresión ocurrida en Arona.
La Sala ha ratificado la pena impuesta, que incluye además la inhabilitación absoluta, prohibiciones de aproximación y comunicación con la víctima, libertad vigilada posterior y una indemnización a favor de los perjudicados. Este caso se origina en un conflicto relacionado con una vivienda ocupada en Chayofa, donde los acusados intentaron forzar a la víctima a abandonarla.
Un ataque premeditado y violento
Los antecedentes del caso indican que los acusados habían visitado previamente el inmueble para presionar a la víctima. Según el fallo judicial, cuando el afectado se encontró nuevamente con ellos, expresó su sorpresa: “¿ustedes otra vez aquí?, creí que había quedado todo arreglado”, lo que sugiere una tensión acumulada por el tema de la ocupación.
La sentencia destaca que los acusados actuaban bajo la premisa de gestionar viviendas ocupadas mediante métodos violentos. El lesionado estaba habitando la casa y se negaba a dejarla. Uno de los testigos mencionó que la víctima pagaba 300 euros al mes por vivir allí y que los acusados intentaron recuperar el control del inmueble utilizando la fuerza.
Agravios severos y consecuencias legales
Los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2023, cuando ambos procesados atacaron sorpresivamente a la víctima al salir del inmueble ocupado. Le golpearon en la cabeza con un objeto contundente y continuaron agrediéndolo mientras estaba en el suelo e indefenso. Las lesiones sufridas fueron descritas como extremadamente graves, poniendo en riesgo su vida e implicando múltiples intervenciones quirúrgicas y secuelas físicas y psíquicas significativas.
Además, durante el ataque, los agresores también golpearon a la hija del lesionado cuando esta intentó intervenir. La Sala rechazó las alegaciones sobre falta de pruebas y vulneración de la presunción de inocencia, argumentando que existía suficiente evidencia testimonal, pericial y documental para respaldar la condena.
Pena adecuada y compensaciones establecidas
El tribunal consideró proporcionada la pena impuesta y confirmó las responsabilidades civiles asociadas al caso. Esto incluye una indemnización total de 250.000 euros para la víctima principal y 1.000 euros para otra perjudicada, además de compensaciones futuras por las secuelas determinadas durante la ejecución del fallo.
Finalmente, se ha ordenado deducir testimonio para investigar si alguno de los testigos pudo haber incurrido en falso testimonio durante el proceso judicial.
Si (
No(
