La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido abrir una investigación sobre un posible incumplimiento de la buena fe procesal por parte de un abogado. Este profesional presentó un recurso de apelación en el que, según se ha denunciado, citó jurisprudencia e informes oficiales que podrían haber sido generados por herramientas de inteligencia artificial.
La decisión del tribunal se produce tras la notificación reciente de una sentencia que confirma la absolución de un residente de Tenerife, juzgado en julio pasado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, acusado de agresión sexual. En este contexto, la Sala desestimó el recurso interpuesto por la acusación particular contra dicha absolución.
Irregularidades en las citas legales
En su análisis, el tribunal detectó que el abogado incluyó en su recurso diversas citas de jurisprudencia que fueron calificadas como “espurias” o “apócrifas”. Además, se encontró una referencia a un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad del testimonio infantil, documento del cual el TSJC tampoco tiene constancia.
La Sala considera que estos hallazgos evidencian una “conducta reveladora” de negligencia. Según el tribunal, el abogado, quien es considerado experto en normas procesales y debe respetar los principios éticos de su profesión, confió ciegamente en las sugerencias del algoritmo sin verificar la existencia real de las citas mencionadas. Esta falta de diligencia podría haber buscado infundir autoridad a sus argumentos mediante una abundancia engañosa de referencias.
Posibles consecuencias para el letrado
Ante estas irregularidades, el TSJC ha ordenado formar una pieza separada para determinar las responsabilidades del abogado implicado. Esta medida se toma conforme al artículo 247, apartados 3 y 4, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La normativa citada hace referencia a posibles sanciones por vulneración de las reglas de buena fe procesal, lo que podría resultar en multas si se concluye que el profesional actuó con mala fe o mostró falta de respeto hacia el tribunal. Además, se contempla informar al colegio profesional correspondiente para evaluar posibles sanciones disciplinarias.
Citas cuestionadas y creatividad jurídica
El tribunal también señala que en el recurso presentado se identificaron al menos siete sentencias del Tribunal Supremo que no han podido ser verificadas en las bases de datos disponibles. Asimismo, se encontraron numerosas otras citas similares que sugieren un “ejercicio de libérrima creatividad jurídica”, donde el abogado parece “desgranar” sus argumentos con excesiva soltura.
Por último, el TSJC enfatiza que no hay evidencia sobre la existencia del informe mencionado sobre la credibilidad del testimonio infantil en 2019. La presunta falta cometida por el abogado no puede considerarse un simple error; dada su reiteración, merece ser investigada adecuadamente antes de tomar decisiones sobre su futuro profesional.
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