Sentencias

En 2025, los jueces españoles procesaron a 127 personas por corrupción, incluyendo 114 individuos y 13 entidades jurídicas. Se concluyeron 25 procedimientos judiciales y se dictaron 71 sentencias, de las cuales el 73% resultaron en condenas. Esta información proviene del Consejo General del Poder Judicial y está disponible para el público, reflejando la lucha contra la corrupción en el sector público. Los datos incluyen detalles sobre delitos como prevaricación y malversación, evidenciando la importancia de la transparencia en la justicia española.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido investigar a un abogado por una posible falta a la buena fe procesal tras presentar un recurso de apelación que incluía citas de sentencias y documentos generados por inteligencia artificial, los cuales podrían no existir. La Sala de lo Penal ha detectado al menos siete sentencias del Tribunal Supremo que no han podido ser verificadas, así como un informe del Consejo General del Poder Judicial que tampoco consta. Esta situación podría derivar en sanciones disciplinarias para el letrado si se determina mala fe o falta de respeto al Tribunal. La investigación busca depurar responsabilidades en este caso que plantea serias dudas sobre la diligencia profesional del abogado involucrado.

Entre julio y septiembre de 2025, el número de víctimas en las Islas fue de 2.762, y el de denuncias, de 3.003. La tasa de mujeres víctimas de violencia machista del Archipiélago fue la tercera más alta del país en el periodo de referencia. La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, expresa su preocupación por el aumento de las mujeres que se acogieron a la dispensa del deber de declarar, de un 22,51 % respecto al mismo trimestre de 2024. El incremento de las renuncias en las Islas fue más bajo, del 4,6%

En las Islas se computaron 4.001 casos en el segundo trimestre de 2025, 1.234 más que en el mismo periodo de 2024. Entre abril y junio de este año el Archipiélago registró la mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género del país. El 95% de los casos que llegaron a juicio en la comunidad autónoma acabaron en sentencia condenatoria.

El Archipiélago se mantiene como el territorio donde más se litiga en España. La pendencia en los órganos judiciales de las Islas creció un 17% entre abril y junio, a pesar de que se resolvieron un 7,2% más de pleitos.

Familias que perdieron su casa por la erupción de 2021 en La Palma han logrado ganar litigios judiciales contra la Delegación del Gobierno estatal en Canarias y de este modo se les ha reconocido el derecho a percibir mayores compensaciones económicas complementarias por pérdida de vivienda. Las sentencias de las que ha tenido conocimiento Elvalledearidane.com (web editada por la Asociación Tierra Bonita gracias al libro benéfico Las otras historias del volcan) las ha dictado la Sala 2 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TJSC), que además ha condenado a la Administración estatal al pago de las costas procesales.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha avalado las rebajas de pena aplicadas en las revisiones de condenas firmes tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí', lo que supone desacreditar el criterio fijado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras un Pleno monográfico de dos días celebrado expresamente para unificar doctrina en este tema

Desde el Ayuntamiento de Arona, el grupo de gobierno, recuerda que la mayoría de las condenas que los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo por la “mala gestión de Coalición Canaria” han seguido el mismo patrón, con el incumplimiento de convenios urbanísticos y que muchas de estas licencias han acabado en las causas penales abiertas por corrupción en contra de este partido, que han finalizado en condenas más que conocidas

La más importante se refiere a un convenio firmado en 2006 para construir viviendas públicas en un suelo que no era municipal, lo que supondrá el abono de 2,7 millones, mientras que otros 1,4 millones están relacionados con el impago del alquiler de los terrenos en los que se ubican los módulos prefabricados del IES de Guaza desde 2002, un suelo que el Ayuntamiento ocupó a cambio de recalificar el suelo en el PGO que fue anulado en septiembre de 2013