Ocho de cada diez personas que han llegado a España desde el inicio del siglo XXI se han integrado en la población activa del país. Esta cifra se desprende del Informe sobre la Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas, presentado por el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El informe, encargado por el Gobierno a principios de año, examina el impacto estructural de la migración en el desarrollo demográfico, económico y social de España. Se espera que este documento sirva como base para fortalecer una política migratoria integral, ordenada y humanitaria, con un enfoque de género.
Necesidad de mano de obra
El estudio indica que España necesitará incorporar 2,4 millones de personas al mercado laboral en los próximos diez años para mantener su nivel productivo. Las personas migrantes jugarán un papel crucial en satisfacer esta demanda, debido al previsto descenso de la población autóctona en edad laboral.
«El modelo migratorio español genera prosperidad compartida», afirmó Saiz. «Nuestra política migratoria es reconocida tanto en Europa como fuera de ella como un ejemplo de equilibrio, eficacia y humanidad». La ministra subrayó que el éxito radica en que las políticas públicas deben fundamentarse en datos y conocimiento.
Antón Costas también destacó que desde 2019, el ciclo inmigratorio en España ha alcanzado una fase más madura. Tras un pico en 2024, el ritmo de crecimiento se ha moderado y tiende a reducirse. «Los efectos positivos de la inmigración sobre el crecimiento, el empleo y la demografía son evidentes», agregó.
Impacto positivo y percepción pública
A pesar de estos avances, Costas advirtió que la percepción pública sobre la inmigración ha empeorado. Esto podría atribuirse a la concentración de inmigrantes en ciertas áreas y a la falta de cooperación interadministrativa en la gestión de flujos irregulares. Para mejorar esta situación, propuso tres acciones clave: mayor coordinación entre administraciones, mejor integración social de mujeres migrantes y atención especial a infancia y juventud independientemente de su nacionalidad.
El informe revela que actualmente la población migrante representa una quinta parte del total residente en España y es esencial para sostener el crecimiento económico y las pensiones. Más de 3,1 millones de extranjeros trabajan en el país; un millón más que en 2018. Las mujeres constituyen ya el 43% del total de trabajadores extranjeros.
Crecimiento del empleo extranjero
La ministra enfatizó que el crecimiento económico va acompañado por una integración efectiva. «La integración es clave para convertir la migración en una historia exitosa», afirmó Saiz. Los datos recientes muestran un aumento constante en la afiliación a la Seguridad Social:
- Un incremento del 7,3% en empleo extranjero dentro del Régimen General durante el último año.
- Casi 500.000 autónomos extranjeros representan un récord histórico (+6,6%).
- Las profesiones altamente cualificadas han crecido notablemente: un 27% en Información y Comunicaciones y un 18,8% en profesiones científicas.
- Tres cuartas partes de los nuevos empleos creados desde 2019 han sido ocupados por migrantes.
Avances hacia la regularización
Saiz recordó los logros alcanzados con la reforma del Reglamento de Extranjería, que ha permitido regularizar a más de 640.000 personas desde 2022 gracias a nuevos mecanismos de arraigo. Actualmente hay más de 352.000 autorizaciones vigentes por arraigo, lo que representa un aumento significativo respecto al año anterior.
Además, uno de cada tres nacimientos actuales tiene madre migrante, lo que contribuye al rejuvenecimiento demográfico del país. El informe también resalta cómo esta inmigración reciente ha tenido un impacto positivo en las cuentas públicas con un saldo fiscal favorable entre 2014 y 2018.
Papel femenino y programas específicos
Las mujeres migrantes están desempeñando un papel creciente en el mercado laboral español; representan ya más del 43% del total afiliado a la Seguridad Social. Sin embargo, enfrentan vulnerabilidades adicionales relacionadas con su género y origen étnico.
A través del Ministerio de Inclusión se gestionan iniciativas específicas para atender a mujeres migrantes víctimas de violencia o trata. Programas como Wafira permiten a mujeres marroquíes trabajar mientras reciben formación empresarial; se prevé que participen unas 3.000 personas para 2025.
Pacto estatal por la convivencia
El CES propone establecer un Pacto Estatal por la convivencia que garantice políticas migratorias coherentes más allá del ciclo político actual. Este pacto buscaría promover una sociedad inclusiva basada en derechos iguales y convivencia intercultural.
Asimismo, se destaca la importancia de gestionar adecuadamente las contrataciones laborales desde países emisores mediante acuerdos bilaterales con naciones como Colombia o Marruecos. Estos programas no solo facilitan flujos laborales seguros sino también protegen los derechos laborales.
Compromiso con información veraz
Por último, se enfatiza la necesidad urgente de fortalecer información estadística precisa sobre migración para combatir desinformación. La ministra Saiz reafirmó que es fundamental reivindicar verdades sobre cómo miles construyen sus vidas contribuyendo positivamente al tejido social español.
A través del Observatorio Permanente de Inmigración (OPI) se busca elaborar políticas basadas en datos reales mientras se combate activamente discursos xenófobos mediante herramientas tecnológicas avanzadas.
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