La Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado sentencia contra tres miembros de una organización que se dedicaba al tráfico de inmigrantes irregulares. Las penas impuestas oscilan entre los dos y los cuatro años de prisión, en un caso que pone de relieve la complejidad del fenómeno migratorio en España.
El fallo, emitido el 22 de octubre por la Sección Segunda de la Audiencia, condena a la líder del grupo, una mujer marroquí de 60 años, a cuatro años de prisión por un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Su hijo, también marroquí y de 31 años, recibió una pena de tres años por el mismo delito. Un tercer acusado, un español de 47 años nacido en Las Palmas, fue sentenciado a dos años por falsedad en documento público y deberá pagar una multa de 2.400 euros como cooperador necesario en el tráfico.
Reconocimiento y aceptación de culpabilidad
Durante la vista oral, los acusados admitieron los hechos y aceptaron las penas solicitadas por el fiscal, lo que convierte la sentencia en firme. La investigación realizada por la Policía Nacional reveló que esta organización familiar magrebí operaba en Gran Canaria entre noviembre de 2021 y julio de 2022, facilitando el tránsito irregular hacia la Península o países europeos a cambio de tarifas que comenzaban en 200 euros.
Los investigadores identificaron a la principal acusada como el nexo entre quienes organizaban las salidas desde Marruecos y los inmigrantes que buscaban llegar a Europa. Este esquema incluía tanto a los propios inmigrantes como a sus familiares en otros países.
Métodos operativos y pagos
Conocida como 'la abogada' entre los inmigrantes, la cabecilla desmentía su supuesta profesión pero mantenía un papel central en el proceso. Los pagos se realizaban mediante servicios como Western Union o Moneygram a nombre de alguno de los implicados.
Una vez recibido el dinero y verificada la identidad del inmigrante con datos específicos sobre su llegada, la organización se encargaba de recogerlo ya sea en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) o en hoteles donde estaban alojados. Posteriormente, se les proporcionaba alojamiento y asistencia para continuar su viaje hacia la Península o Europa.
Facilitación del tránsito para menores
La sentencia también destaca que la organización facilitaba el tránsito de menores. Estos eran instigados a fugarse del centro de acogida para ser recogidos por miembros del grupo y luego embarcados con documentación falsa destinada a adultos.
A través de estas operaciones, se estima que entre septiembre y enero del año siguiente al inicio de las investigaciones, al menos 47 inmigrantes irregulares lograron ser trasladados desde Gran Canaria hacia otros destinos europeos gracias a esta red criminal.
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