Continúa la parálisis de la modificación y actualización de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias que las mantiene en un limbo de legalidad, de bloqueo en su progresión y mejoras en sus derechos y progresión profesional como Cuerpo de Seguridad para dar un mejor y más eficiente servicio a la sociedad Canaria.
Culpa de ello son los reiterados gobiernos de las dos últimas legislaturas que no han hecho nada para solventarlo, evidenciando total falta de voluntad más allá de aprobar algún decreto o directrices puntuales que han traído más dolores de cabeza que beneficio a los colectivos municipales y los propios Ayuntamientos que obviamente buscan disponer de un solvente Cuerpo de Seguridad propio, adecuado y funcional por el contrario cada vez van a menos, y que no encuentra la solución ni por consenso entre las partes, (que siempre serán el propio gobierno junto a los grupos del Parlamento Canario, los Sindicatos de las policías locales de todos los ámbitos que los representan y la representación municipal que se hace a través de la FECAM).
El gobierno regional que se ha centrado más en tratar de salvar y mejorar su dependiente policía autonómica que en atender las obligaciones asumidas en la Coordinación y mejoras de las PL de Canarias, lo que ha provocado por su falta de interés un importante y peligroso desmantelamiento de las mismas, provocando desigualdades intermunicipales en derechos, homogenización, coordinación, falta de formación, nula carrera profesional, segunda actividad marginada, compensaciones, medios técnicos y desarrollo de reconocimientos, méritos y demás asuntos que han sumido a las Policías Locales en un Colectivo a mínimos y en constantes conflictos y disputas para poder progresar en sus derechos y calidad profesional que por el contrario cada vez se hace más difícil, necesaria y complicada ante nuestra sociedad.
Prueba de ello es que en la última década, las policías locales de Canarias han dejado de percibir en ayudas y partidas autonómicas para el desarrollo de la coordinación, formación y otras necesidades que calculamos en torno a 250 millones de euros de las partidas que les debió destinarse y que han derivado a otros intereses, lo que sumado a las situaciones económicas municipales y en ocasiones la falta de voluntad de mejora de muchos Ayuntamientos a dado como resultado una dejadez y carencias graves y evidentes que sufren los ciudadanos.
Son muchos los aspectos truncados en una Ley de 1997 ya obsoleta y sin desarrollar apenas en los contenidos mas importantes de la misma, pero sindicalmente nos ha llamado mucho la atención la nula carrera profesional existente a diferencia de los otros cuerpos de seguridad o la carrera militar con la debida homologación, pero las diferencias en perjuicios y distinto trato llega incluso a los procedimiento disciplinarios y sancionador, donde la propia Ley que esperemos verla pronto modificar para actualizar y mejorar algún día, lleva aparejado una sanción que por determinados hechos a cualquier otro policía supone 15 días de empleo y sueldo, para un PL de Canarias le supone 3 años de castigo. Semejante barbaridad ha hecho que éste sindicato haya trasladado la demanda tanto al Diputado del Común como al Defensor del Pueblo en busca de una determinación en justa proporcionalidad que obligue o gestione a que esa desigualdad se vea obligada a corregir ante el creciente desinterés político de los gobernantes canarios para avanzar en nada.
Sin duda las policías locales necesitan un cambio de tendencia y un mejor marco normativo en Canarias si finalmente se les quiere aprovechar como importante colectivo de seguridad pública, cercano, preventivo y de proximidad ante un panorama incierto, y deberá ser con mejores y mayores garantías consensuadas para su calidad y eficiencia funcional que incentive su importante labor de seguridad para no verlas acabar en un pozo.
Sindicato STAP-Canarias.
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