El Cabildo de Lanzarote ha intensificado su labor investigativa al detectar 44 casos de transporte ilegal, un fenómeno que ha crecido alarmantemente en la isla. La Inspección de Transportes, en colaboración con las fuerzas de seguridad locales y la Guardia Civil, está llevando a cabo una serie de inspecciones para combatir la proliferación de servicios no autorizados que operan fuera del marco legal.
Este incremento en el transporte irregular se ha visto facilitado por el uso de plataformas digitales y redes sociales, donde se promocionan servicios bajo nombres como “Uber”, entre otros. Estas actividades ilegales carecen de cualquier tipo de control administrativo, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los usuarios. Hasta el momento, se han identificado más de 40 números telefónicos asociados a estas ofertas ilícitas, evidenciando una organización estructurada que amenaza tanto la seguridad pública como la competencia justa en el sector del taxi.
Acciones del Cabildo y advertencias a la ciudadanía
Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo, enfatizó que “estamos actuando con firmeza para erradicar estas prácticas ilegales y pedimos a la ciudadanía responsabilidad”. En este sentido, subrayó que el uso de estos servicios fraudulentos implica riesgos significativos, ya que no garantizan ni la capacitación de los conductores ni las condiciones adecuadas de los vehículos. Además, carecen de seguros que protejan a los pasajeros en caso de incidentes.
Por su parte, Miguel Ángel Jiménez, consejero de Transportes, advirtió sobre la competencia desleal que representan estos servicios ilegales para el sector del taxi. “Estamos reforzando las campañas de inspección y aplicando sanciones correspondientes”, indicó. Los vehículos involucrados en estas actividades no cumplen con los controles técnicos requeridos y sus conductores pueden no tener licencias válidas.
Consecuencias legales y recomendaciones
El Cabildo recuerda que prestar servicios de transporte sin autorización es considerado una infracción muy grave según la Ley 13/2007 de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias. Las sanciones oscilan entre 4.001 y 6.000 euros, además de la posibilidad de inmovilización del vehículo implicado. Asimismo, ofrecer estos servicios a través de plataformas no reguladas también puede resultar en multas.
Consciente del riesgo que esto representa para los ciudadanos, Jiménez hizo un llamado a la población: “Queremos hacer un llamamiento para que utilicen exclusivamente los servicios públicos autorizados y eviten contratar opciones ofrecidas por medios no fiables”. La seguridad y legalidad son prioridades fundamentales en esta lucha contra el transporte ilegal.
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