En un desarrollo significativo en el ámbito judicial, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha emitido una orden de busca y captura nacional contra Khadem Abdulla B.A.Q., exdirigente de Cepsa. Este individuo está siendo investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y violaciones a la Hacienda pública, en relación con la venta de la emblemática Torre Foster en Madrid, conocida también como Torre Cepsa.
La resolución del magistrado incluye una petición a la Fiscalía para que presente una demanda de decomiso autónomo, con el objetivo de que el Estado español se convierta en el beneficiario final de más de 34 millones de euros que han sido bloqueados en sociedades vinculadas a Abdulla B.A.Q. Además, se contempla el decomiso de varios inmuebles ubicados en Marbella, Estepona y Madrid, así como obras de arte incautadas durante la investigación.
Detalles sobre las operaciones ilícitas
El auto del juez detalla cómo, en 2016, Khadem Abdulla B.A.Q. obtuvo un beneficio aproximado de 100 millones de euros a través del proceso de compraventa de la Torre Foster. Se señala que este individuo creó diversas sociedades instrumentales con el fin de facilitar el blanqueo del dinero obtenido ilegalmente y evadir impuestos sobre las ganancias derivadas.
Calama argumenta que los hechos descritos constituyen un delito tanto por blanqueo de capitales como por evasión fiscal. Según su análisis, las ganancias generadas por estas transacciones inmobiliarias no fueron sometidas a tributación efectiva en España, lo que refuerza las acusaciones en su contra.
Estructura societaria y estrategias utilizadas
El instructor resalta que Abdulla B.A.Q. utilizó una compleja red de sociedades para ocultar los orígenes ilícitos del dinero involucrado. Mediante esta estructura jurídica, logró oscurecer las relaciones comerciales reales entre las distintas entidades implicadas en el caso.
La figura del decomiso autónomo, recogida en la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo, permite al Estado privar a los delincuentes de bienes obtenidos mediante actividades ilegales incluso si no pueden ser juzgados. El juez Calama ha instado al Ministerio Fiscal a actuar con rapidez para asegurar que estos activos sean transferidos al Estado español.
Colaboración internacional y próximos pasos
A pesar de los esfuerzos realizados para obtener colaboración judicial por parte de Emiratos Árabes Unidos, el juez ha lamentado la falta de respuesta y ha calificado esta situación como un “muro de silencio”. En cuanto a las órdenes europeas e internacionales necesarias para proceder con la captura, se requiere primero un informe adicional por parte de la Fiscalía.
Finalmente, el magistrado ha decidido sobreseer provisionalmente la causa respecto a tres investigados y a las sociedades Muscari Property BV y Muscari Development BV debido a su carácter instrumental y falta de relevancia propia en este contexto legal.
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