Gobierno bloquea más de 14 millones de llamadas fraudulentas

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dado a conocer en el Congreso los resultados iniciales del Plan contra las estafas de suplantación de identidad y por SMS, que comenzó a aplicarse el 7 de marzo. Esta presentación tuvo lugar durante la jornada titulada «Siete Retos contra la Ciberestafa emocional».

Desde su implementación, los operadores están obligados a bloquear números que no pertenecen a ningún usuario o servicio. Hasta ahora, se han bloqueado un promedio diario de 235.600 llamadas y 10.000 SMS.

López destacó que en los dos primeros meses desde la entrada en vigor del plan, se han bloqueado más de 14 millones de llamadas fraudulentas. "Hemos abordado un problema que era exponencial. Estos datos demuestran que las medidas funcionan, mejorando así la protección de la ciudadanía", afirmó el ministro.

Nuevas medidas para combatir el fraude

A partir del próximo 7 de junio, entrarán en vigor dos nuevas disposiciones del Plan Antiestafas. La primera prohibirá recibir llamadas y SMS que aparentan ser nacionales pero tienen origen internacional, una táctica común utilizada por los estafadores.

Además, se restringirán las llamadas comerciales desde números móviles. Esto responde a que muchas estafas se producen cuando los ciudadanos reciben llamadas desde números desconocidos. A partir de esa fecha, solo podrán realizarse llamadas comerciales desde numeraciones geográficas o números 800 y 900, facilitando así la identificación del remitente.

Con esta medida, se busca que los usuarios puedan reconocer más fácilmente cuándo están recibiendo una llamada comercial legítima. Asimismo, los números 800 y 900 ya no estarán limitados únicamente a recibir llamadas; también podrán hacerlas.

Creación de una base de datos oficial

Una última acción prevista es la creación de una base de datos oficial con códigos alfanuméricos utilizados por empresas y administraciones públicas para identificar sus mensajes SMS. Esta medida, debido a su complejidad técnica, se implementará 15 meses después de la publicación correspondiente.

Dicha base será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y permitirá registrar y verificar estos identificadores. El objetivo es garantizar la autenticidad en las comunicaciones, proteger la identidad de entidades legítimas y facilitar la detección y bloqueo de intentos de suplantación.