plan antiestafas

Desde octubre, las llamadas comerciales en España deberán utilizar el prefijo 400, permitiendo a los usuarios identificar fácilmente estas comunicaciones y reforzando la seguridad contra estafas telefónicas. Esta medida, que responde a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), establece que los números serán unidireccionales, es decir, los clientes solo recibirán llamadas. Además, se prohíben las llamadas comerciales desde numeraciones no autorizadas y se complementa con un plan antiestafas que ha bloqueado millones de intentos fraudulentos. Los operadores también ofrecerán opciones para desconectar el servicio de llamadas comerciales.

Desde la implementación del Plan antiestafas del Gobierno el 7 de marzo, se han bloqueado cerca de 135 millones de llamadas y más de 5 millones de SMS con intenciones fraudulentas. Este aumento significativo en las cifras refleja la efectividad de las medidas adoptadas por los operadores de telecomunicaciones. El ministro Óscar López ha destacado que, aunque el plan ya está funcionando, se espera una última medida para 2026 que mejorará aún más la autenticidad de las comunicaciones. Además, se prohíben las llamadas comerciales desde números móviles y se establecerán numeraciones específicas para telemarketing, buscando proteger a los ciudadanos de fraudes.

El Gobierno de España ha bloqueado más de 14 millones de llamadas fraudulentas en los primeros meses de implementación del Plan contra las estafas telefónicas, según anunció el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Desde su entrada en vigor el 7 de marzo, se han bloqueado un promedio diario de 235.600 llamadas y 10.000 SMS. Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el 7 de junio, incluyen la prohibición de recibir llamadas y SMS internacionales falsamente identificados como nacionales y limitan las llamadas comerciales a números específicos. Además, se creará una base de datos oficial para verificar identificadores alfanuméricos utilizados por empresas y administraciones públicas, mejorando así la seguridad y protección del ciudadano frente a fraudes.