El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha presentado una enmienda a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que obligará a las empresas a identificar sus llamadas comerciales mediante un código numérico. Esta medida busca que las compañías telefónicas bloqueen las comunicaciones comerciales no consentidas, comúnmente conocidas como llamadas spam.
En una reciente rueda de prensa, el ministro Pablo Bustinduy anunció que esta enmienda, registrada en el Congreso tras un acuerdo entre los grupos parlamentarios de Sumar y PSOE, establece que todas las empresas deberán utilizar un prefijo específico para las llamadas comerciales. Además, se exigirá un código distinto para las llamadas de atención al cliente. Los operadores de telecomunicaciones estarán obligados a bloquear cualquier llamada comercial que no utilice estos códigos.
Cambios significativos en la regulación
Bustinduy también destacó que el Gobierno podrá adaptar el Plan Nacional de Numeración para facilitar la implementación técnica del nuevo sistema. Por otra parte, se ha propuesto otra enmienda que declara nulos los contratos realizados durante llamadas no consentidas. Esta iniciativa busca disuadir a las empresas de realizar este tipo de comunicaciones, ya que los contratos obtenidos bajo estas circunstancias serán considerados inválidos.
El aumento en el número de quejas por parte de los consumidores ha llevado al Ministerio a actuar. Muchos ciudadanos han expresado sentirse presionados o confundidos por estas llamadas. La nueva normativa tiene como objetivo proteger el derecho del consumidor a decidir con libertad y contar con información suficiente antes de aceptar cualquier oferta.
Nuevas medidas para una mayor protección del consumidor
Además de las enmiendas mencionadas, Bustinduy anunció otras propuestas registradas en el Congreso:
- Regulación sobre renovaciones automáticas: Las empresas deberán notificar con 15 días de antelación sobre la renovación automática de servicios contratados online y facilitar la baja voluntaria si así lo desea el consumidor.
- Lucha contra reseñas falsas: Solo se podrán publicar reseñas dentro de los 30 días posteriores a la compra o uso del servicio, garantizando así su veracidad y evitando la compraventa de reseñas. Las empresas tendrán derecho a replicar y solicitar la eliminación de reseñas no auténticas.
- Transparencia en precios: Las empresas deberán incluir desde el inicio el precio final y definitivo de productos o servicios ofrecidos online, evitando desagregaciones engañosas durante el proceso de compra.
Pablo Bustinduy concluyó enfatizando que estas medidas reflejan la intención del Ministerio por fortalecer la protección de los derechos del consumidor en un entorno económico y digital cada vez más complejo, promoviendo una regulación clara y equitativa.
Si (
No(
