El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros y consejeras de Consumo en las comunidades autónomas a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales. Durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, Bustinduy destacó que el acceso a la vivienda es una preocupación principal para la ciudadanía y que se pueden utilizar competencias de Consumo para proteger este derecho. Se mencionaron acciones recientes contra plataformas como Airbnb por anuncios ilegales y se proporcionó información a gobiernos autonómicos sobre más de 16,000 pisos turísticos detectados en Galicia y Baleares. El ministro también subrayó la necesidad de actuar contra prácticas abusivas en el sector del alquiler.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha convocado a los responsables autonómicos de Consumo en una Conferencia Sectorial celebrada este jueves. Durante el encuentro, Bustinduy ha instado a estos representantes a tomar medidas desde sus gobiernos regionales contra las empresas que gestionan viviendas turísticas ilegales.
El titular del Ministerio recordó que el acceso a la vivienda es considerado por la ciudadanía como uno de los principales problemas actuales. En este contexto, destacó que las competencias en materia de Consumo pueden ser utilizadas para proteger este derecho constitucional.
Bustinduy subrayó las acciones emprendidas por su ministerio, mencionando específicamente la intervención reciente que llevó a cabo contra la plataforma Airbnb. Esta acción resultó en el bloqueo de más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos que no cumplían con la normativa vigente.
Además, el ministro informó sobre un expediente sancionador abierto a una compañía dedicada al alquiler de pisos turísticos por no retirar publicidad ilícita detectada en su plataforma. Bustinduy también destacó que se ha proporcionado información detallada a varios gobiernos autonómicos sobre anuncios ilegales en sus territorios.
En este sentido, se entregó recientemente al gobierno gallego un archivo con datos sobre más de 9.000 pisos turísticos identificados como ilegales, facilitando así su inspección y posible cierre. De igual forma, se compartió información con el Govern de Islas Baleares sobre más de 7.000 anuncios ilegales.
Bustinduy enfatizó que los gobiernos autonómicos cuentan con las competencias necesarias para actuar contra estos alojamientos turísticos y para llevar a cabo inspecciones y sanciones pertinentes.
Aparte de abordar el tema de los pisos turísticos ilegales, el ministro también instó a los gobiernos autonómicos a defender los derechos de los consumidores ante prácticas abusivas llevadas a cabo por empresas gestoras del alquiler. Se refirió a una investigación iniciada por la Dirección General de Consumo, que resultó en la apertura de un expediente sancionador contra una importante inmobiliaria.
Dicha agencia habría incurrido en prácticas abusivas como exigir comisiones por gestión o imponer seguros no solicitados a inquilinos. Bustinduy aseguró que se continúa investigando otras inmobiliarias que podrían estar cometiendo infracciones similares.
La Conferencia Sectorial reunió a consejeros y consejeras de Consumo de diversas Comunidades Autónomas, aunque algunos representantes de Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Castilla y León no asistieron al evento. También participaron las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.