Airbnb

La Universidad de La Laguna ha presentado la tesis doctoral de Diego Brito Lorenzo, titulada “Impactos del turismo: alquiler vacacional y alquiler convencional. Tenerife como estudio de caso”. Esta investigación, dirigida por Josefa Rosa Marrero, analiza la relación entre el alquiler vacacional y el convencional en diferentes áreas de Tenerife. Aunque no se encontró una correlación clara entre ambos tipos de alquiler, se observó que el crecimiento del alquiler vacacional influye en el mercado residencial. El estudio, que incluye un análisis cuantitativo y cualitativo, destaca la profesionalización del sector y su impacto socioeconómico. Además, se discuten temas como el sobreturismo y la nueva legislación sobre el uso turístico de viviendas en Canarias.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado por segunda vez la exigencia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que Airbnb retire de su plataforma miles de alojamientos turísticos sin licencia. La decisión judicial confirma la resolución que obligaba a la multinacional a eliminar 34.728 anuncios de pisos turísticos a finales de 2024, según informó este jueves el ministerio en un comunicado.

Airbnb ha anunciado su «compromiso proactivo» de «seguir ayudando» con el cumplimiento «estricto» de las normativas de registro de los alquileres de corta duración, la calidad de la oferta y una visión «a largo plazo» para un turismo descentralizado en España.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha logrado la retirada de 65.000 anuncios ilegales en Airbnb tras el respaldo judicial a sus acciones. Además, se han identificado otros 55.000 anuncios que carecen del número de registro obligatorio según la legislación vigente. Esta medida reafirma el compromiso del ministerio de asegurar el derecho a la vivienda y hacer cumplir la legalidad frente a los intereses de grandes multinacionales. La Unidad de Análisis de Consumo continuará trabajando para detectar más anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha acordado este martes con Airbnb la identificación y retirada de los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con código de registro legal en esta plataforma, según un comunicado. En un encuentro celebrado este martes en sede ministerial, la compañía se ha comprometido desde agosto a remitir de forma mensual información sobre los anuncios que se publicitan en su plataforma.

A partir del próximo martes, 1 de julio, Airbnb exigirá que todos los anuncios de alojamiento publicados en su plataforma en España incluyan un número de registro válido, de acuerdo con la nueva normativa europea sobre alquileres de corta duración que entra en vigor ese mismo día.

El Ministerio de Derechos Sociales lucha contra anuncios ilegales de viviendas turísticas, enfocándose en Booking, que ha retirado 4.093 anuncios tras un requerimiento. En contraste, Airbnb se enfrenta acciones legales por no eliminar más de 65.000 anuncios ilegales. Las infracciones incluyen la falta de licencia y confusión sobre los arrendadores.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido un nuevo auto en el que ha desestimado el recurso de reposición de Airbnb y ha ordenado la retirada de 5.800 anuncios en la plataforma, según ha adelantado este jueves el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Los anuncios sobre los que se ha pronunciado el tribunal en este segundo auto afectan a la publicidad de viviendas turísticas de hasta seis comunidades autónomas.

La plataforma de pisos turísticos Airbnb ha acusado este viernes a los hoteles de ser los principales responsables del turismo de masas en las ciudades, ya que, según sostiene, casi un 80 por ciento de las pernoctaciones en la Unión Europea (UE) tienen lugar en estos establecimientos. Este contraataque de Airbnb tiene lugar después de que el Gobierno instara a la plataforma a bloquear más de 65.000 anuncios de alojamientos turísticos que tenían publicados por incumplir la normativa en materia de consumo.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha instado a los consejeros y consejeras de Consumo en las comunidades autónomas a sancionar a las empresas detrás de los pisos turísticos ilegales. Durante la 32ª Conferencia Sectorial de Consumo, Bustinduy destacó que el acceso a la vivienda es una preocupación principal para la ciudadanía y que se pueden utilizar competencias de Consumo para proteger este derecho. Se mencionaron acciones recientes contra plataformas como Airbnb por anuncios ilegales y se proporcionó información a gobiernos autonómicos sobre más de 16,000 pisos turísticos detectados en Galicia y Baleares. El ministro también subrayó la necesidad de actuar contra prácticas abusivas en el sector del alquiler.

La CEHAT critica una campaña de Airbnb que afirma que las viviendas privadas son mejores que los hoteles. Jorge Marichal defiende la calidad y seguridad de los hoteles, pidiendo respeto y ofreciendo diálogo. Resalta el compromiso del sector hotelero con la seguridad y atención al cliente.

El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, exige a Airbnb retirar 65.935 anuncios ilegales de viviendas turísticas. El Tribunal Superior de Madrid respalda al Gobierno, alegando que Airbnb vulnera la normativa, afectando principalmente a varias comunidades autónomas.

El Ministerio de Consumo ha iniciado un expediente sancionador contra Airbnb por mantener miles de anuncios de pisos turísticos que incumplen la normativa vigente en España.

El debate sobre los pisos turísticos, en el que se anticiparon Japón y Nueva York en busca de equilibrios entre los viajes y la vida de los residentes, se extiende por toda Europa y no ha llegado todavía a otras áreas del mundo como América Latina u Oriente Medio, que de momento aspiran a atraer más turistas para impulsar sus economías.