El Ministerio de Derechos Sociales lucha contra anuncios ilegales de viviendas turísticas, enfocándose en Booking, que ha retirado 4.093 anuncios tras un requerimiento. En contraste, Airbnb se enfrenta acciones legales por no eliminar más de 65.000 anuncios ilegales. Las infracciones incluyen la falta de licencia y confusión sobre los arrendadores.
La lucha del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra los anuncios ilegales de viviendas destinadas al uso turístico continúa, pero ahora ha cambiado su enfoque de Airbnb, a la que le solicita la eliminación de casi 66.000 anuncios en España, hacia Booking. Este jueves, el departamento liderado por Pablo Bustinduy informó que Booking ha retirado 4.093 anuncios, la mayoría correspondientes a propiedades en Canarias. Esto ocurrió tras el envío de un primer requerimiento a la plataforma estadounidense, reconocida como una de las más grandes del mundo en la gestión de alquileres turísticos, que cuenta con 27 millones de anuncios entre hoteles y alojamientos alternativos.
Con esta medida, se enfatiza que Consumo ha avanzado en su lucha contra la publicidad ilegal de alojamientos turísticos. “Una lucha que resulta decisiva para poner coto a la proliferación indiscriminada de este tipo de alojamientos y que supone una de las causas que hay tras las dificultades en el acceso a la vivienda que sufren miles de personas actualmente en España, especialmente en las zonas que reciben una mayor afluencia de turistas como es el caso de las Islas Canarias.” Además de en el archipiélago, se han eliminado anuncios en otras regiones como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, La Rioja y Castilla la Mancha por parte de Booking. Desde Consumo se ha destacado la colaboración de la empresa con el Ministerio tras el envío de este primer requerimiento, instando a que los anuncios de pisos turísticos cumplan con la legalidad vigente y brinden todas las garantías necesarias a los consumidores.
La situación con Airbnb es completamente diferente. La decisión de Booking de retirar anuncios se produce apenas una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid apoyara, por segunda ocasión, la acción del Ministerio de Consumo respecto a Airbnb. Este ministerio, liderado por Pablo Bustinduy, había solicitado la eliminación de miles de anuncios ilegales. En total, se ordenó la retirada de más de 65.000 anuncios ilícitos, y para evitar cumplir con el primer requerimiento que afectaba a 5.800 anuncios, la plataforma estadounidense decidió solicitar medidas cautelares al TSJ de Madrid. No obstante, el tribunal rechazó nuevamente esta solicitud, tal como lo había hecho en un fallo anterior, y obligó a la plataforma a eliminar la publicidad ilegal.
Se han detectado anuncios ilegales en Airbnb y Booking que cometen una de tres infracciones posibles. La más común entre las irregularidades observadas es la falta del número de licencia o registro, un requisito obligatorio según diversas normativas autonómicas. Otra infracción se relaciona con la inclusión de números de licencia que no son válidos, lo cual puede llevar a confusión o engaño a los consumidores. Por último, algunos anuncios omiten informar sobre la naturaleza jurídica de los arrendadores, es decir, no especifican si estos son profesionales o particulares. Esta información es crucial para determinar si el consumidor cuenta con la protección adecuada al contratar el servicio.