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Desde el 1 de julio, estos inmuebles no obtuvieron el registro obligatorio. En total, España ha recibido 336.497 solicitudes, con un 20,3% revocadas por incumplir la normativa.

El Ministerio de Derechos Sociales lucha contra anuncios ilegales de viviendas turísticas, enfocándose en Booking, que ha retirado 4.093 anuncios tras un requerimiento. En contraste, Airbnb se enfrenta acciones legales por no eliminar más de 65.000 anuncios ilegales. Las infracciones incluyen la falta de licencia y confusión sobre los arrendadores.